Los problemas comenzaron el 21 de septiembre de 1989, cuando el hijo del querellante, Carlos Cascales, transfirió dos millones de pesetas desde una sucursal del BBV en Ibiza a la cuenta que su padre, administrador de la empresa Picasa, tenía a nombre de la sociedad en la sucursal del Banco del Comercio de la calle Félix Boix, de Madrid.

El querellante estuvo pendiente del ingres y, al transcurrir cuatro días sin que se produjera, acudió al banco a interesarse por el retraso de la gestión. Pasadas tres semanas sin tener noticias de la operación, Cascales volvió de nuevo a la sucursal y exigió entrevistarse con el director, lo que no consiguió hasta seis meses después.

Según el texto de la denuncia, el director le pidió disculpas por tan lamentable suceso, pero no le ofreció soluciones, cargando todas las responsabilidades sobre la sucursal del BBV en Ibiza.

Por fin, trassucesivas reclamaciones, el ingreso se efectuó el 10 de enero de 1991, casi 16 meses después de que se realizara la transferencia.

Aconsejado por su abogado, Cascales exigió al director de la entidad que le devolvieran por el perjuicio ocasionado al menos el interés interbancario que el Banco del Comercio ofrece a sus clientes en las cuentas a plazo fijo.

La entidad contestó que el dinero tardó tanto tiempo en transferirse porque alguien aplicó una clave incorrecta, por lo que declinaban cualquie tipo de responsabilidad y, por tanto, la posibilidad de ofrecer una compensación.

El perjudicado considera que las dos entidades bancarias actuaron en connivencia para retener el dinero e invertirlo en diversas operaciones durante los 16 meses que tardaron en ingresarlo en su cuenta, por lo que les acusa de apropiación indebida y encubrimiento con ánimo de lucro, solicitando como medida cautelar el cierre temporal de las sucursales y una indemnización de 198.700.000 pesetas.