Con esta movilización, los ecologistas quisieron demandar a la Comisión Europea el estricto cumplimiento de la normativa ambiental comunitaria en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que el Gobierno español quiere llevar a cabo mediante el trasvse de agua del Ebro a otras regiones del sur.

Asimismo, los miembros de las entidades conservacionistas pidieron que la decisión europea sobre el trasvase del Ebro responsa sólo a criterios científicos, técnicos y jurídicos, lo que no implicaría la financiación del PHN, según informó hoy Greenpeace.

Esta organización ecologista considera que el trasvase del Ebro es "ilegal" porque vulnera el derecho comunitario y generaría daños medioambientales "de tal tamaño que es imprescindible" su desestimacón y la puesta en marcha de alternativas.

Greenpeace afirmó que estudios científicos advierten de que el Delta del Ebro, uno de los humedales más importantes de Europa, desaparecerá si se construye el trasvase.

"La Comisión Europea no debe ser cómplice de la financiación de un proyecto insostenible e ilegal que beneficiará sólo a sectores especulativos en el litoral mediterráneo español. Los ciudadanos europeos confiamos en que la decisión de la Comisión sobre la cofinanciación del trasvase respoda escrupulosamente a criterios técnicos, objetivos y jurídicos", declaró Albert Rodríguez, responsable de Campañas de Greenpeace.

Esta organización considera que las citas, cada vez más cercanas, de las elecciones generales y europeas han hecho aumentar "la presión política" del Gobierno español a la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, y al equipo de técnicos de su Dirección General.