En concreto, advirtieron que la reforma del Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental prevista por el Gobierno afectará especialmente al desarrollo del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Según subrayó Teo Oberhuber, coordinaro general de Ecologistas en Acción, en la actualidad de las más de 860 obrs previstas en el PHN menos de diez tienen declaración de impacto ambiental, lo que, en su opinión, significa que más de 850 obras se verán afectadas por esta reforma, entre ellas grandes embalses, encauzamientos, desaladoras y nuevos regadíos.

También se verán afectados todos aquellos proyectos del Ministerio de Fomento incluidos en su plan de infraestructuras, que se refieren al AVE, autopistas y autovías.

"En los próximos años tenemos encima una espada que son cientos y cientos de proyectos deinfraestructuras, de agua, de transporte y de energía". Con esta modificación, aseveró, lo que se está haciendo es allanar el camino y facilitarlo.

Para este Gobierno, concluyó Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace en España, el medioambiente es un obstáculo. "En vez de adaptar las infraestructuras al medioambiente lo que se hace es eliminar aquellas legislaciones que obstaculicen las infraestructuras".

La reforma del decreto que está tramitando el Gobierno supondrá, según las oranizaciones, reducir la capacidad de intervención del procedimiento de evaluación y dificultar la participación de las organizaciones ambientales en el seguimiento y vigilancia de la normativa sobre impacto ambiental.

Todo ello, añaden las ONG, deja al medio ambiente desprotegido ante los proyectos promovidos por las administraciones, "máximo cuando el propio Ministerio de Medio Ambiente es el responsable de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental y el promotor de cientos de obras y proyecos muy impactantes".

Por todo ello, las organizaciones demandan al Gobierno que retire todas las modificaciones de legislación ambiental previstas y que no vuelva a emplearse nunca más la vía de la Ley de Acompañamiento para reformas que precisan el debate y las consultas públicas.