En declaraciones a Servimedia, Narbona aplaudió dicha decisión, una cuestión que el PSOE y el Gobierno de Aragón ya habían denunciado y que la Audiencia Nacional había sentenciado que no estaban legitimados para denunciar.

"El problema no es quién está legitimado sino el fondo de la cuestión, y ahí es donde la Comisión Europea ha respondido apreciando un indicio de irregularidad", indicó.

Dicha irregularidad haría referencia al hecho de que el importe de los contratos pra hacer los estudios ambientales del trasvase del Ebro no fueran publicados en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeo.

"Esto es una prueba manifiesta de que el Gobierno de la nación se ha venido saltando procedimientos europeos que deben ser respetados", recalcó Narbona.

En concreto, la Comisión Europea ha iniciado un proceso de investigación para comprobar las posibles irregularidades que ha cometido España al contratar desde una empresa pública una serie de estudios ambientales sobre eltrasvase del Ebro sin haber seguido la norma europea de que a partir de 80.000 euros los contratos tienen que publicarse en el Boletín Oficial de las Comunidades. "Ese el trámite que se ha saltado el Gobierno español", concluyó.