El director general de la AOP, Álvaro Mazarrasa, manifestó hoy a Servimedia que "el diálogo no puede sustituir a medidas de este tipo".

Mazarrasa destacó que, si mañana hay gasolineras abanderadas con una marca que cierran, "es decisión unilateral del minorista al frente de la estación de servicio, pero que no cuenta con el respaldo de la marca mayorista".

La AOP considera que el mercado español de gasolineras "funciona con normalidad, los ámbitos de contratación son libres y no se justifica una medida de ese tipo".

Por su parte, fuentes de Repsol YPF consultadas por Servimedia recordaron que la compañía y la Comisión Europea alcanzaron un compromiso el pasado 12 de abril sobre los acuerdos de suministro exclusivo con las estaciones de servicio, que ofrecerá a un número significativo de gasolineras en España, aquellas en las que Repsol YPF ostenta un derecho real de superficie o usufructo, la posibilidad de rescatar sus contratos de suministro exclusivo a largo plazo y poder contratar con otro proveedor.

ORGANIZACIONES

Por otra parte, las otras dos organizaciones de gasolineras no secundan la convocatoria de la Ceees: la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (APES) y la Agrupación Española de Vendedores de Carburantes (Aevecar).

La Ceees reclama que Repsol YPF y Cepsa cumplan con las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 2001, posteriormente confirmadas por el Tribunal Supremo, para que dejen libertad "de manera inmediata" a las estaciones de servicio para establecer los precios de venta al público de los carburantes.

La infracción consiste en que las petroleras fijan los precios finales en el mercado a sus gasolineras abanderadas, a pesar de que éstas corren con los riesgos económicos de las operaciones, por lo que no son en realidad comisionistas que trabajan para las compañías sino pequeñas empresas revendedoras.

Competencia, en una nueva resolución del pasado 19 de abril, instó a Repsol YPF a ejecutar de inmediato la mencionada resolución bajo pena de tener que pagar una multa de 3.000 euros diarios si no ejecuta la sentencia en el plazo de dos meses desde la notificación de la misma.