La demanda ha sido presentada a las tres de esta tarde por el embajador español en La Haya, Rafael Pastor Ridruejo, y un representante de la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores y pide al Tribunal Internacional que rechace la legislación interna canadiense que permite a las patrulleras de ese país actuar fuera de sus aguas jurisdiccionales.

Asimismo, el Gobierno solicita que Canaá repare los daños producidos al Estado español y a los particulares (los barcos y sus armadores) afectados.

Según el Gobierno español, Canadá ha violado el principio de competencia exclusiva que tiene un Estado sobre los buques en alta mar que tengan su pabellón. Igualmente, ha quebrantado la libertad de navegación y la libertad de pesca en alta mar, principios recogidos en el Convenio de Alta Mar de 1952 y en el Convenio de Derecho del Mar de 1982.

Por último, la demanda presentada por España cnsidera que los canadienses han violado también el convenio de cooperación multinacional de la NAFO, de 1978.

El Tribunal de la Haya deberá decidir ahora si tramita la demanda y las indemnizaciones o reparaciones, no necesariamente económicas, a establecer entre los Gobiernos canadiense y español para la resolución del conflicto.