Aunque la deleación española coordinará su actuación con el resto de los países comunitarios, ha elaborado un informe en el que concreta su postura ante la reunión de Brasil.

España, con el 0,2 por ciento de su PIB, es uno de los estados de la CE que menos porcentaje de su PIB dedica a ayudas al desarrollo, mientras que otros como Dinamarca y Holanda superan el 0,7 por ciento.

Los estados menos desarrollados demandan a los "ricos" que alcancen el 0,7 en el año 2000. Sin embargo, los miembros de la CE mantienendivergencias en relación con el calendario.

Respecto al convenio sobre cambio climático, duramente criticado por las organizaciones no gubernamentales, por considerar que no contempla medidas vinculantes, nuestro país aprueba el texto conseguido "como base hacia la consecución de compromisos más concretos en un futuro".

Tampoco en las negociaciones sobre diversidad biológica anteriores a la "cumbre" ha habido acuerdos importantes, por lo que el Gobierno español ha invitado a los estados signataris a celebrar una reunión en Sevilla "tan pronto como sea posible".

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes reconoce las dificultades que existen para que en Río de Janeiro los países en vías de desarrollo y los industrializados alcancen un acuerdo en relación con la creación de un fondo único para solucionar los problemas ambientales.

La CE defiende una aportación de unos 130.000 millones de pesetas en tres años, propuesta rechazada por los estados más pobres, que la califican de insuficiene, y que tampoco apoya EE.UU., que, según las autoridades españolas, defiende una "posición extrema".

El informe de las autoridades españolas calcula en unos 13 billones de pesetas anuales la cantidad necesaria a invertir durante los próximos años para conseguir un desarrollo sostenible.

Asimismo, mantiene que las discusiones sobre la Agenda 21 (relación de medidas concretas para luchar contra la degradación ambiental durante el próximo siglo) parten con varias divergencias, fundamentalmente relaionadas con los recursos financieros.

La delegación española estará compuesta por representantes de las administraciones central y autonómicas y dos portavoces de las organizaciones no gubernamentales.