Actualmente, Marcol, que es propiedad de la familia Ortells, está en quiebra y tiene una deuda de unos 4.000 millones de pesetas. El comisario nombrado por los acreedores de la sociedad, Vicente Andreu Fajardo, cerró ayer los cuatro centros que la empresa tiene n Valencia, Alicante y Madrid, tras la negativa de sus dueños a venderla.

Unos 700 trabajadores de Marcol protagonizaron hoy una manifestación en Valencia para exigir una salida a la crisis que atraviesa la empresa y garantías para el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Los concentrados cortaron el tráfico en zonas céntricas de Valencia en tres ocasiones y lanzaron neumáticos incendiados en medio de las calles. Finalmente, intervino la policía para disolver a los manifestantes.

Lo trabajadores de Marcol están pendientes de un expediente de regulación de empleo por quiebra, en el que figura la posibilidad del despido de todos los empleados a partir del próximo jueves.

Durante la tramitación del expediente, los propietarios de la empresa y responsables de la Generalitat Valenciana han negociado la venta de la empresa con diversas firmas del sector de la distribución comercial, como Hipercor, Mercadona y Makro, pero la negativa de la familia Ortells en el último momento impidió legar a algún acuerdo.

25.000 MILLONES EN INMUEBLES

El alto valor de los activos inmuebles de Marcol, superior a los 25.000 millones de pesetas, es el principal argumento de los trabajadores para reivindicar una salida negociada a la crisis, mediante la búsqueda de un comprador.

Los responsables de la Generalitat Valenciana pidieron recientemente a la Dirección General del Patrimonio del Estado que investigue las condiciones de venta de Marcol y no descartan expropiarla, con el fin de evitar el roblema social que generaría el cierre de la empresa, que cuenta con una plantilla en la que el 40 por ciento de los trabajadores tienen entre 40 y 50 años.

Después de ser expropiada, junto con el resto de las sociedades del "holding" de Ruíz Mateos, Marcol fue vendida por la Dirección General del Patrimonio del Estado a la familia Ortells por un total de 6.000 millones de pesetas, aunque los compradores sólo hicieron un desembolso inicial de 300 millones.

Antes de la venta, fueron saldadas las dudas de la empresa y hecha una ampliación de capital por valor de 3.800 millones de pesetas.