Así lo desvela el proyecto de investigación ‘Vivir Mejor en Casa’, desarrollado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y que ha presentado en Madrid sus conclusiones finales, según precisó este jueves Ceoma en un comunicado.

El proyecto ha sido impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para “promover” un nuevo modelo de cuidados y ha sido financiado por los fondos europeos Next Generation UE.

Esta iniciativa de investigación e innovación social se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ha desarrollado durante tres años para promover un modelo de cuidados “más humano, seguro y adaptado” al entorno domiciliario de las personas mayores.

El estudio cuenta con un componente “preventivo” y otro “desinstitucionalizador” y ha analizado la “realidad” de las personas que viven solas y reciben apoyo de los servicios sociales y aquellas que están en un centro y quieren iniciar la “transición” de volver a casa.

COMPONENTE PREVENTIVO

El componente “preventivo” tiene como objetivo principal “mejorar” la atención domiciliaria de personas mayores en situación de dependencia, incrementando las horas de ayuda a domicilio y formando a las personas cuidadoras mediante una intervención “multicomponente” para “evitar o retrasar el ingreso en una residencia”.

Entre otros “factores de riesgo”, busca “reducir” la “sobrecarga” que enfrentan las personas cuidadoras no profesionales, habitualmente familiares.

Este componente se ha analizado en Cataluña, específicamente en Reus y Manresa, entre 2023 y 2024, junto con el Ayuntamiento de Reus, el Ayuntamiento de Manresa y las entidades gestoras de servicios de ayuda a domicilio, la Fundación Educativa y Social y la Fundación Sant Andreu Salut.

“Especialmente alineado con la integración de recursos sociales y sanitarios, ha contado con el apoyo de la Agencia de integración Social y Sanitaria (AISS) de la Generalitat de Cataluña”, agregó Ceoma.

CATALUÑA Y NAVARRA

En Cataluña han participado 142 personas mayores, con una edad media de 85 años y los cuidadores principales de su entorno, con una edad media de 66 años, siendo la “mayoría” mujeres cónyuges. El 69% de las personas cuidadoras llevaba más de cinco años cuidando, pero el 87% carecía de formación “específica” en cuidados.

Las familias participantes que recibieron una “intensificación” del servicio a domicilio junto con una formación en cuidados, mostraron una “reducción” en el “deseo” de ingreso en residencia y un 25%, menos de riesgo de ingreso que aquellas que no tuvieron “intensificación” de horas ni formación.

Además, percibieron una mejor calidad de vida en relación a su salud aun teniendo una situación de dependencia y se redujo la sobrecarga de las personas cuidadoras no profesionales y reflejaron, además, una mejora en su “apreciación” sobre los cuidados que recibía su familiar por parte de los servicios sociales y sanitarios.

TRÁNSITO

El componente “desinstitucionalizador” se ha desarrollado en Navarra junto con la Agencia Navarra de Autonomía y desarrollo de las personas del Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de Pamplona y Estella.

La experiencia “pionera”, en la que se ha evaluado la “voluntad” de las personas mayores institucionalizadas y las “barreras y facilitadores” del entorno, ha permitido el “éxito” de procesos de “tránsito” de dos personas mayores y el desarrollo de un “modelo único” para el acompañamiento a personas mayores en procesos de desinstitucionalización.

Este componente, además, ha posibilitado el “cambio radical” del modelo de gestión de casos, adoptando un nuevo rol “facilitador” para la vida independiente en el marco de la gestión de apoyos.

“Su objetivo principal es evaluar la viabilidad de un proceso de desinstitucionalización en personas mayores, diseñado para facilitar su tránsito desde residencias hacia la comunidad, hacia un hogar, promoviendo entornos personalizados, seguros y sostenibles”, explicó Ceoma.

La confederación subrayó que “destacadas” figuras del ámbito social y sanitario han colaborado a lo largo del proyecto y han “apoyado” al equipo de investigación para trasladar los “principales hallazgos y evidencias” a políticas públicas.

“Los resultados del proyecto refuerzan la necesidad de aumentar la intensidad y personalización de los servicios de ayuda a domicilio (SAD), establecer programas de formación continua para personas cuidadoras en entornos domiciliarios y diseñar sistemas integrados de salud y apoyo social que prioricen la permanencia en el hogar”, según los expertos.