Precisamente, el dictamen elaborado por la ponencia parlamentaria que estudia el modelo de proesionalización del Ejército español avanza en uno de sus apartados la necesidad de "reconsiderar" el volumen de la plantilla formada por personal civil.

Con el acuerdo entre PP y CiU y el visto bueno inicial de CC y PNV, el texto señala al respecto lo siguiente: "La adaptación del personal civil al servicio de la Administración Militar a los requerimientos del nuevo modelo hace necesario reconsiderar tanto su número como sus características de formación y especialidad".

Las intenciones del Gobiero sobre el futuro de este colectivo aún no han sido expuestas. El portavoz de Defensa de CiU, Carles Campuzano, formación que respalda la propuesta popular, afirmó a Servimedia que con la profesionalización aumentará la plantilla, ya que una vez se complete el proceso, todos los soldados profesionales sólo podrán dedicarse a tareas relacionadas con la defensa.

Es decir, las ocupaciones en los servicios de restauración (camareros, cocineros, etcétera), oficinistas, delineantes, mecánicos, personal saniario y celadores (en hospitales militares), telefonistas, etcétera, que, aunque cada vez menos, ocupaban tradicionalmente soldados de reemplazo, deberán ser cubiertas por trabajadores civiles mediante oposición pública.

Sin embargo, Luis Barbosa, secretario general de la sección sindical estatal de Defensa de USO, en declaraciones a Servimedia, se mostró menos optimista y recordó que el Ministerio de Defensa se encuentra desde hace unos meses centrado en un proceso de reestructuración de personal, queafecta sobre todo al Ejército de Tierra.

Como ejemplo, expuso que desde hace seis meses no se han cubierto alrededor de 2.200 vacantes, que el Ministerio de Defensa ha decidido amortizar. Asimismo, recordó que el plan de cierre y traslado de acuartelamientos, cuyo desarrollo impulsó el PP al llegar al poder, podría acentuarse en los próximos años, lo que afectaría, sobre todo, al personal laboral.

Las primeras consecuencias de esta reestructuración inmobiliaria han afectado ya a unos 8.000 funcioarios, que han sido objeto de traslados a otras instalaciones militares, algunas de las cuales se encuentran a más de 70 kilómetros de aquéllas que se han visto obligados a abandonar.

"Yo soy pesimista, a pesar de que digan que va a suponer un aumento de personal", comentó Barbosa. A su juicio, "a la larga va a haber reducción porque ningún gobierno se va a poder permitir el lujo de mantener tantísimo personal. Un soldado profesional costará ciento y pico mil pesetas, y ahora, los de reemplazo les cuetan mil pesetas al mes".