García Montes defendió ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó al periodista a un total de 17 millones de pesetas por aquel delito.

Según el fallo del tribunal madrileño, Amilibia es culpable de un delito de homicidio con el agravante de abuso de utoridad, al disparar contra Fernández Villanueva durante una discusión de tráfico acaecida en la calle de Fuencarral, el 28 de octubre de 1988.

Para el defensor del periodista, es tan evidente que su cliente no tuvo ánimo de matar a su oponente en aquella discusión que, además, debería haberse aplicado la eximente completa de legítima defensa y el atenuante de obcecación.

García Montes transmitió a la sala el testimonio de su cliente, recogido ayer mismo en la cárcel de Alcalá-Meco, por el que rconoce su "error", pero considera que 17 años de cárcel "son un castigo más que suficiente".

OTRO RELATO DE HECHOS

Tanto la representante legal de la viuda de Fernández Villegas, Cristina Almeida, como el representante del Ministerio Público combatieron duramente estos argumentos, afirmando que se basan en un relato de hechos distinto al que la sentencia recurrida declaró probados.

Para el fiscal, el disparo y el consiguiente fallecimiento se produjeron sin que se rompiese el nexo de causalidadque unió ambos hechos, de los que cabe dedudir que la intención de quien apretó el gatillo fue causar la muerte de su oponente.

Por su parte, la abogada Almeida afirmó que la intervención de los médicos no fue la responsable del óbito de Fernández Villegas, sino que "sólo retardó algo provocado por el disparo de Amilibia".

Según explicó la letrada, el propio periodista reconoció que llevaba la pistola por miedo al fenómeno de la inseguridad ciudadana, "pero él es la inseguridad ciudadana, y por eo pedimos la desestimación del recurso, en defensa de otros valores sociales que sí fueron protegidos por la sentencia de instancia".