Para este querellante, en este caso hubo competencia desleal y apropiación indebida, ya que no se informó correctamente de los pagos ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco de España ni a los accionistas.

Asimismo, el abogado de Rafael Pérez Escolar sostuvo que los imputados en este caso incumplieron las obligaciones que colleva administrar legalmente una empresa.

Así lo manifestó hoy ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que estudia el recurso de la fiscalía contra la decisión de la juez Teresa Palacios de concluir la investigación del caso y continuar el procedimiento penal contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y las defensas de Botín, Amusátegui y Corcóstegui insisten en que los pagos fueron legales y, por lo tanto, no se cometió delito algno, por lo que procede archivar el caso.

Fue el pasado mes de octubre cuando la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, decidió transformar en procedimiento abreviado las actuaciones abiertas contra el presidente del BSCH, Emilio Botín, Amusátegui y Corcóstegui, en contra de la opinión de la Fiscalía, que había solicitado el archivo del caso.

Sin embargo, la magistrada considera que de los hechos investigados se deduce "la presunta participacón o intervención de los imputados en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de administración desleal".

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubiación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Naional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.