Para garantizar el mantenimiento íntegro del poder adquisitivo de las pensiones de clases pasivas, tanto las propias de los funcionarios como las derivadas de la legislación especial de la Guerra Civil, se establece el abono de una cantidad adicional, que se hará efectiva en la nómina de enero, equivalente a la diferencia de 0,6 puntos de desviación entre el IPC real del año 2006 y el aplicado a las pensiones al comienzo del año.

Además de esta revalorización, los pensionistas de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado, a quienes se les reconocieron sus prestaciones de acuerdo con la legislación anterior, experimentarán un incremento adicional de un 1% y un 2%, respectivamente.

Por último, cerca de 52.000 pensionistas se beneficiarán del cumplimiento del compromiso del Gobierno de mejorar la cuantía de las pensiones mínimas. Estas prestaciones en su modalidad contributiva experimentan un incremento de entre el 5% y el 6,5%, según la clase de pensión de que se trate.

El conjunto de estas medidas afecta, aproximadamente, a unas 586.000 pensiones y el coste total de la revalorización asciende a 200 millones de euros.

La mayor parte de este importe, 170 millones de euros, se destinarán a la revalorización general de las pensiones. Además, también se incluye una actualización de las ayudas sociales que el Estado reconoce en favor de determinadas personas que resultaron contaminadas en el Sistema Sanitario Público por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).