Todas estas formaciones tratan de modificar o suprimir el artículo dos de la ley, que afirma que "cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, tanto en sus modalidades contributva como no contributiva, forma parte del Sistema de la Seguridad Social", y así es "competencia" del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El Gobierno trata de evitar con esta norma que las comunidades autónomas puedan fijar complementos o mejoras de las pensiones que ya han adoptado algunas regiones, caso de Cataluña, Andalucía o Navarra.

El PSOE advierte en su enmienda que la ley "puede interferir en el reparto competencial" entre el Estado central y las comunidades autónomas y "desviarse" e la sentencia del Tribunal Constitucional que amparó los complementos a las pensiones no contributivas adoptados en Andalucía en 1999.

Por su parte, CiU incide en que "la prohibición de que las comunidades autónomas puedan ampliar, complementar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva, establecida en ese precepto, atenta contra las reglas constitucionales de atribución de competencias entre comunidades autónomas".

La ormación catalana incide en que esta limitación "tiene un fuerte contenido antisocial", ya que impide que las regiones que lo deseen puedan complementar, con cargo a sus presupuestos, los ingresos que perciben los pensionistas con menores rentas y "realizar las políticas de asistencia social que consideren necesarias en áreas de mejorar la cohesión social de su territorio".

Mientras, el PNV, que pide la supresión del artículo anteriormente citado, recuerda que el CGPJ advirtió al Gobierno que "convendía dejar muy claro" que con ese artículo "se está refiriendo a prestaciones públicas de Seguridad Social, con el objeto de no invadir la competencia de las comunidades autónomas en materia de asistencia social".

El PNV apunta que con la norma, "no sólo se invaden las competencias de las comunidades autónomas en materia de asistencia social, sino que, además, se perjudica la acción protectora de los poderes públicos".

Iniciativa per Catalunya-Els Verds reclama que las comunidades autónomas "sigan eniendo legitimidad para otorgar ayudas como los complementos a las pensiones no contributivas", mientras que el BNG señala que la norma "supone negar a las comunidades autónomas la posibilidad de mejorar la acción protectora en el nivel no contributivo, en contra de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, impidiéndoles así ejercer sus competencias en materia de asistencia social".

En el caso de Izquierda Unida, se propone una modificación del artículo para que se permita a las administraciones entidades y organismos públicos dar ayudas para mejorar las pensiones a los trabajadores a su servicio.