Para IU, la ampliación del periodo de cálculo para las pensiones de 8 a 15 años supone un recorte de las prestaciones, así como la modificación a la baja del porcentaje sobre la base reguladora para quienes hayan cotizado de 15 a 24 años, una medida "especialmente dura para mujeres y jóvenes", que son los más afectados por los contratos a tiempo parcial, de aprendizaje y otros precarios.

Asimismo, el pacto entre Gobierno y sindicatos mantiene según IU, una "altísima penalización de las jubilaciones anticipadas, sin precedentes en la Unión Europea".

Además, para la coalición de izquierdas, en el pacto no se concreta la consolidación financiera del sistema de pensiones. En él se contempla "la separación de fuentes de financiación de modo gradual hasta el año 2000, manteniéndose durante ese periodo la financiación parcial, con cargo a cotizaciones, de las prestaciones y servicios de naturaleza no contributiva, aunque en proporción decrecient y al ritmo más rápido que sea factible, a tener de la evolución económica".

Para Izquierda Unida, eso entraña una "supeditación" de las prestaciones "al equilibrio financiero del sistema y a la evolución de la situación económica", lo que "no contribuye a generar seguridad sobre su cumplimiento" entre la opinión pública.

IU afirma rotundamente que "el sistema público de pensiones no está en crisis" y que la "alarma social que se ha generado intencionadamente tiene fines muy claros: situar a la oinión pública en condiciones de asumir cualquier sacrificio y rentabilizarlo para la potenciación del sistema privado de pensiones, con enormes beneficios para el capital financiero".