UGT es el único agente social sentado en la Mesa de Protección Social que no se sumará al acuerdo, según hizo público su secretario general Cándido Méndez el pasado viernes, argumetando que el pacto alcanzado tiene "carencias básicas y genera incertidumbres sobre los futuros derechos de trabajadores y pensionistas".

El acuerdo tiene una vigencia de 4 años y mantiene el criterio de que la pensión de jubilación inicial se calcule tomando como referencia los últimos 15 años de la vida laboral del trabajador, un punto que será revisado en el 2003 -extremo criticado por UGT- con la intención de que el periodo de cálculo se sitúe en 35 años, como pretende el Gobierno.

Los trabajdores que hayan cotizado antes de 1967 podrán seguir acogiéndose a la jubilación anticipada. Un privilegio que se amplía para los mayores de 61 años que hayan cotizado a la Seguridad Social más de 30 y lleven al menos 6 meses inscritos en el INEM como demandantes de empleo.

Por cada año de adelanto a los 65, que sigue siendo la edad de jubilación, se aplicará un coeficiente reductor del 8% en el caso de haber cotizado 30 o menos años. Entre 31 y 34 el coeficiente será del 7,5%, entre 35 y 37 del 7%, etre 38 y 39 del 6,5% y a partir de 40 del 6%.

El acuerdo también contempla un aumento de las pensiones de viudedad hasta el 52% del salario del cónyuge fallecido, en lugar del 45% actual. Además, se mejorará el tratamiento de las pensiones de orfandad, que se mantendrán hasta los 22 años en el caso de muerte de un progenitor y hasta los 24 si la orfandad es absoluta.

El Gobierno bonificará o reducirá progresivamente las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores estables de más de 55 ños, para garantizar su permanencia en el mercado laboral. Además, se exonerará del 100% de las cuotas a los que decidan seguir trabajando a partir de los 65 años.

El fondo de reserva se dotará antes del 2004 con una mensualidad de pensiones, entre 814.000 millones de pesetas y un billón. La separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social se deberá hacer en los próximos 11 años.