En un comunicado conjunto, los dos sindicatos aseguran que el Gobierno no necesita "una modificación profunda de los actuales sistemas, sino medidas que favorezcan su desarrollo". También advierten que las pensiones complementarias necesitan una regulación estable, y que esto "está reñido con la ausencia de consenso" con que ha nacido el informe de la Subcomisión parlamentaria en la que se ha elaborado.

Comisiones y UGT eñalan que el texto del Congreso, apoyado por el partido del Gobierno y sus socios parlamentarios, intenta satisfacer a sectores dispares, "lo que le ha llevado a asumir planteamientos contradictorios", como remitir a la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores el destino de parte del salario a un sistema privado de previsión, y que al mismo tiempo se cuestione el control de los trabajadores sobre dichos fondos.

El grueso del rechazo sindical se centra en conclusiones del PP, CiU y Coaliión Canaria como la de favorecer la movilidad de derechos económicos entre planes de pensiones y seguros, ignorando las diferencias entre estos instrumentos, o la de dotar de mejor trato fiscal a las pensiones por invalidez total permanente cuando son privadas que cuando son públicas.

Igualmente se oponen a que no se impute a los trabajadores las aportaciones que hacen los empresarios, porque se cuestiona el principio de titularidad y atribución de derechos a los participes de planes de pensiones.

También critican las centrales la posibilidad de que coexistan en una empresa diferentes instrumentos de pensión complementaria por motivos de fusiones, etc, y la recomendación de crear formas asociativas para crear sistemas complementarios de pensiones en las pymes -lo que según los sindicatos cuestiona la negociación colectiva-.

CCOO y UGT denuncian que el Gobierno está ya legislando las pensiones complementarias, mediante enmiendas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 1998, sin ni siqiera haber concluido el trámite formal de discursión parlamentaria.