Con ese respeto expreso y reiterado por la Constitución los socialistas introducen lo que podría interpretarse como un matiz a la intención del Ejecutivo de que los condenados firmemente por terrorismo cumplan la pena íntegra, sin posibildad de acceso a beneficios penitenciarios.

Los socialistas han expresado públicamente la necesidad de "endurecer" el acceso a esos beneficios, y que sea imprescindible una renuncia expresa de la violencia para permitir la progresión de grado penitenciario, pero cuestionan la viabilidad de impedirlo en todo caso.

Los dirigentes del PSOE no expresan discrepancias con el Gobierno en el fondo de la cuestión, pero las dejan caer al reiterar una y otra vez que los instrumentos de la lucha contra el terorismo deben estar siempre dentro de la Constitución y del Estado de derecho, que preven la resocialización de los penados desde el pleno respeto a la convivencia en paz y en libertad.

Lo que sí expresan los socialistas es su rechazo a las formas empleadas por el Gobierno para anunciar estas reformas. Al ser preguntada en una rueda de prensa, Cristina Narbona, miembro de la Ejecutiva Federal, aseguró que el PSOE insiste en llevar este tipo de iniciativas a la comisión de seguimiento del acuerdo suscrio con el PP.

"Nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera hecho lo mismo y que no hubiera sido a través de los medios de comunicación como conociéramos de una propuesta que puede tener aspectos polémicos", dijo Narbona, partidaria de "redoblar la prudencia" antes de aprobar cualquier reforma en este terreno.

Ese deseo es expresado privadamente por otros dirigentes recordando que el PSOE siempre ha tratado de consensuar este tipo de medidas, haciendo gala de buen estilo y de compromiso con un acuedo promovido por Rodríguez Zapatero y que compromete a ambas partes a llevar estas iniciativas a una primera discusión antes de lanzarlas.

Algunos dirigentes socialistas critican este "mal estilo" del Gobierno al anunciarlo de forma unilateral y apuntan, además, a la posibilidad de que este iniciativa tenga alguna relación con los problemas políticos que está atravesando el Ejecutivo como consecuencia de la crisis del "Prestige".

En todo caso, el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Frnando López Aguilar, acudirá el próximo lunes a la reunión con el ministro de Justicia, José María Michavila, con la intención de dialogar y de intercambiar opiniones, y con la mirada puesta en reforzar la lucha contra el terrorismo dentro de la Constitución.