El Ejecutivo se limitará a la ronda de contactos que va a iniciar la semana próxima el ministro de Justicia,José María Michavila, con los portavoces de Justicia de los diferentes partidos para explicarles el contenido del anteproyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros el 3 de enero.

El texto prevé que los beneficios penitenciarios se computen sobre el total de la condena, a fin de evitar que un condenado a cientos de años por varios asesinatos esté en la calle con 15 años de pena efectiva. Esto ocurre ahora porque la reducción de condena cuenta a partir del tiempo máximo de estancia en prisión, 30años, y no sobre la literalidad de la pena impuesta por el juez.

Los socialistas están de acuerdo en la necesidad de endurecer los requisitos para acceder a la libertad provisional, pero dudan de que sea constitucional cerrar automáticamente toda posibilidad de reinserción a esas personas.

Además, al PSOE no le ha gustado cómo el PP ha escenificado el anuncio, por sorpresa, ayer, durante la reunión del Comité Ejecutivo nacional de los populares y sin haberlo debatido antes en la Comisión de Seguiiento del Pacto Antiterrorista.

Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, ha rebatido esta crítica al afirmar que lo anunciado por Aznar a la Dirección Nacional del PP ya era "perfectamente conocido" por la opinión pública.

Recordó que, en rueda de prensa celebrada el 12 de septiembre en La Moncloa para presentar el Plan de Lucha contra la Delincuencia, él mismo, y los ministros de Justicia e Interior hicieron el anuncio. El 21 de dicimbre, Angel Acebes volvió a repetirlo en el Parlamento.

El portavoz defendió como "un buen procedimiento" las conversaciones bilaterales de Michavila con los portavoces de Justicia: el lunes, a las 11.30, con el socialista, Juan fernando López Aguilar, y a las 16.00, con el convergente Manel Silva; y el jueves, 2 de enero, con representantes de IU.

Cualquier persona que tenga "un mínimo de sentido y un mínimo de equilibrio", prosiguió Mariano Rajoy, debe apoyar esta reforma del Ejecutivo. Se trat, insistió, de evitar que un condenado a 300 o 400 años de cárcel "al final cumpla diez, doce o quince como consecuencia de la obtención de beneficios penitenciarios".

"A partir de ahora van a cumplirse 30 años de cárcel, lo cual cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad española", insistió. "Es algo que está en el alma de mucha gente desde hace mucho tiempo".