Prada dijo que este caso es un ejemplo de la crueldad y la sinrazón del sistema judicial de algunos países como Estados Unidos, que se apoyan en la pena capital como método d castigo de las conductas delictivas.

En su discurso, al que tuvo acceso Servimedia, Prada subrayó las iniciativas políticas y sociales desarrolladas por España y, particularmente, desde la Cámara Alta, en favor de Martínez, cuyo juicio será ahora revisado por decisión de los tribunales del Estado de Florida, en el que fue condenado a la pena capital.

Durante el discurso de apertura de la Conferencia, Prada explicó, asimismo, la experiencia española en relación con la abolición de la pena de uerte como método punitivo. Recordó que la Constitución española estableció en su día su supresión y que, en 1994, a instancias del Senado se abrió el camino para suprimir, igualmente, la pena de muerte del Código de Justicia Penal Militar en tiempos de guerra.

Sobre este particular, destacó que "España puede afirmar orgullosa que la pena de muerte ha sido erradicada completamente de su ordenamiento jurídico tanto civil como militar".

En este sentido, agregó que "no debemos entender el derech a la vida como un derecho objetivo sino como un concepto puramente biológico e inseparable del propio sujeto. Hoy, 52 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte es innegable".

El vicepresidente del Senado español se felicitó por la evolución de aquella iniciativa, aprobada en 1948, y subrayó que en la actualidad más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena capital, ya sea en la ley o en la práctica, al tiempoque el número sigue aumentando.

INJUSTO

Para el senador español, la pena de muerte, "aunque se esconda tras la legitimidad de una ley y un Estado, es claramente injusta y envilece y embrutece, no sólo a los que participan en ella sino también a toda la sociedad".

Al respecto, indicó que, "con independencia del motivo que aduzca el Gobierno para ejecutar al condenado y del método de ejecución que se emplee, la pena de muerte no es una cuestión puramente de justicia penal, sino una cuestión d derechos humanos".

En este sentido, enfatizó sobre la condición en sí misma de la pena de muerte para decir que "la idea de que un Estado pueda justificarla se contradice con la propia noción de derechos humanos".

"La pena de muerte", aseveró, "consiste en el homicidio de un preso con el objeto de castigarlo y, por tanto, la negación más absoluta de la posibilidad de reinserción social".

"Pero la crueldad de esta pena", añadió, "queda patente no sólo en la ejecución de la misma sino tmbién en el tiempo que un recluso permanece en espera de ser ejecutado, pensando constantemente en su muerte a manos del Estado".

En este punto, Prada recordó el caso del español Joaquín José Martínez. "Cuenta Joaquin José", comentó a los parlamentarios europeos, "que todos los miércoles se apagan las luces y los 51 presos de la cárcel de Starke, en la que se encuentra, escuchan un fuerte estruendo: es la descarga de los 2.000 voltios de la silla eléctrica que se prueba todas las semanas para que nofalle cuando se deba ejecutar a una persona".

Prada concluyó que "todos tenemos la obligación de esforzarnos para conseguir que los países que mantienen la pena capital se unan a una moratoria universal respecto a su ejecución".