El portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan José Laborda, anunció en rueda de prensa la presentación de una moción con el fin de que el Senado inste al Ejecutivo a establecer, por medio del Ministerio deAsuntos Exteriores o el de Justicia, partidas presupuestarias y los mecanismos complementarios de gestión del gasto para que personas y familias en esta situación puedan ser ayudadas a cuenta del erario público.

Laborda explicó que esta partida económica se enmarcaría en lo que se llama crédito ampliable, es decir, una cantidad abierta en todo momento para atender los casos que se presenten en función de las circunstancias sociales y económicas del afectado y de la premura de tiempo vinculada al proceo judicial correspondiente.

El portavoz socialista recordó que en la pasada legislatura su grupo presentó sin éxito una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para incluir una partida presupuestaria con el mismo fin.

Aclaró que este dinero se destinaría exclusivamente a atender los casos de ciudadanos españoles condenados a muerte por tribunales extranjeros, independientemente de que el proceso judicial al que hubieran sido sometidos cumpliera con todas las garantías.

En la actualiad, existe una partida económica contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para atender las necesidades de todos los presos españoles en el extranjero en materia de manutención, ropa, desplazamientos de los familiares, etcétera, que se canaliza a través de los consulados y embajadas de España en el país respectivo. Sin embargo, no se destina cantidad económica alguna para sufragar los gastos -muy elevados en algunos casos- derivados de la asistencia jurídica.

Tras la decisión de la Corte Surema del Estado de Florida (Estados Unidos) de autorizar la revisión judicial del caso que afecta al español Joaquín José Martínez, en este momento son dos los españoles pendientes de ejecución: Nabil Manakli Kasaybati, condenado en Siria, y Julio Mora, recluido en una prisión de Estados Unidos.