Según dijo a Servimedia el presidente de APDHE, Juan Serraller, "cuando hay una pena de muerte, el Estado se convierte en criminal. Es lo más degradante que puede darse y se tiene que eliminar en todos los países del mundo", aseveró.

En su opinión, es necesario trabajar de forma conjunta y eficaz para cambiar las mentalidades de los países que lo aplican, en este caso Estados Unidos. "Mientras que la mentalidad no cambie es muy diícil que los políticos, que consideran en muchas ocasiones los votos por encima de las vidas humanas, dejen de ejecutar estas condenas espeluznantes".

Asimismo, Serraller recordó que 40 años de estudios y de experiencia demuestran que la pena de muerte no es ningún tipo de prevención de delitos y denunció las equivocaciones que se han producido en muchas de estas condenas.

También criticó duramente la "desigualdad" con la que se aplican este tipo de penas. "Está demostrado y es una vergüenza que n Estados Unidos la pena de muerte dependa de la cantidad de dinero que tengas para pagar a tus abogados".

En este caso concreto, dijo, se ha demostrado de una manera absolutamente decisiva. "La vida de Joaquín José no depende de lo que haya hecho sino del dinero que se haya empleado en su defensa, lo que es una auténtica vergüenza", concluyó.

La Asociación Pro Derechos Humanos también se ha sumado a la movilizaciones en favor de la anulación de la pena a Joaquín José Martínez, y particpará en laconcentraciones convocadas para la tarde de hoy y cada martes ante la Embajada de Estados Unidos.