PEDRO ERQUICIA RELATO AL JUEZ LO QUE VIO AL ENTRAR EN LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN GUATEMALA TRAS EL ASALTO MILITAR EN 1980

MADRID
SERVIMEDIA

El periodista Pedro Erquicia relató hoy al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco lo que vió en la Embajada e España en Guatemala, después del asalto militar, producido el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas.

Erquicia declaró como testigo ante el juez Ruiz Polanco, quien investiga el asesinato de españoles en Guatemala por orden presuntamente de las autoridades militares anteriores a los actuales acuerdos de paz suscritos en dicho país.

El actual director y presentador de "Documentos TV" en Televisión Española, entregó en el juzgado de Ruiz Polanco una copia del reportaje que el espacio"Informe Semanal" emitió en su día sobre el asalto a la Embajada de España.

Al terminar su comparecencia, el propio Erquicia explicó a los periodistas que él fue el primer reportero que entró en la Embajada de España en Guatemala tras el citado asalto, en el que murieron 37 personas, 3 de ellas españolas.

Erquicia relató que, cuando se produjo el asalto, él estaba trabajando en Nueva York como corresponsal y que le ordenaron viajar a Guatemala para cubrir la noticia.

Una vez allí, se encontrron con que la Embajada de España estaba cerrada, por lo que tuvieron que contactar con el director general para Iberoamérica, Pedro Bermejo, quien les abrió personalmente la puerta del edificio diplomático.

Al entrar, había papeles por el suelo, teléfonos quemados y manchas de sangre secas. La impresión que tuvo al ver la escena fue de que había habido violencia. Según Erquicia, la parte más afectada fue el despacho del embajador de España, entonces Máximo Cajal, en el que se había lanzado un "cóctelmolotov".

VIVERES SIN TOCAR

También había víveres, "prácticamente sin tocar", de las personas que habían acudido a la Embajada de España para encerrarse pacíficamente y defender sus derechos.

Erquicia relató que al asalto sobrevivieron dos personas: el embajador español, Máximo Cajal, y un campesino, que fue trasladado a un hospital, pero que posteriormente apareció muerto frente a la universidad. Se trataba del indígena Gregorio Yujá.

Al conocer la noticia, acudió al hospital donde había ido atendido y varios testigos, "fuera de cámara", le explicaron cómo 15 hombres armados entraron en el centro sanitario y se llevaron al campesino, posteriormente asesinado.

Por razones de seguridad, Máximo Cajal fue trasladado desde el hospital en que se encontraba a la Embajada de Estados Unidos. De la evolución del diplomático supieron a través de la esposa del embajador, quien les informaba puntualmente del estado de salud de Máximo Cajal.

Erquicia señaló que sólo con los años ha ido sabiend quiénes eran algunos de los fallecidos en el asalto a la Embajada de España. En este sentido, agregó que supo por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú que dos de ellos eran su padre y su hermano.

Este periodista señaló que en el momento de los hechos sólo conocía un nombre, el del primer secretario de la embajada, Jaime Ruiz del Arbol, y que nunca tuvo la lista de las víctimas.

MARCELINO OREJA

Según informaron fuentes jurídicas, el juez Ruiz Polanco tiene previsto citar como testigo al etonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, ya que fue la persona con la que contactó la esposa del embajador Máximo Cajal tras el citado asalto.

Marcelino Oreja fue el primer responsable español que se puso en contacto con las autoridades guatemaltecas para pedir explicaciones por el asalto.

En este caso, Ruiz Polanco investiga también el asesinato de los sacerdotes católicos de nacionalidad española Faustino Villanueva, José María Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo,presuntamente a manos de las fuerzas militares guatemaltecas.

La causa llegó a la Audiencia Nacional el 2 de diciembre de 1999, cuando Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, presentó una denuncia por genocidio, terrorismo de Estado y torturas contra las autoridades militares de Guatemala anteriores a los actuales acuerdos de paz, por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles.

La denuncia fue admitida a trámite el 27 de marzo de 2000 por el Juzgado Centra de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Guillermo Ruiz Polanco, decisión que fue recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal.

Así, el 13 de diciembre de ese mismo año, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, asumiendo la tesis mantenida por la Fiscalía, decidió que la denuncia interpuesta por Rigoberta Menchú contra las autoridades militares guatemaltecas por genocidio no podía ser investigada en España.

"En el plano legislativo, ningún impediminto existe para que la justicia guatemalteca persiga el delito de genocidio presuntamente cometido en el territorio de dicho país", dijeron los magistrados.

TRIBUNAL SUPREMO

Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que el 3 de marzo de este año decidió devolver el caso a Ruiz Polanco, pero limitando la investigación a los asesinatos de españoles en Guatemala entre 1962 y 1996.

La sentencia del Alto Tribunal contó con el voto particular de siete de los ocho magistrados ue estudiaron el recurso presentado por Rigoberta Menchú.

Para los magistrados discrepantes, España es competente para estudiar el genocicio denunciado por la citada premio Nobel de la Paz, ya que constituye un crimen universalmente reconocido y unánimemente condenado por la comunidad internacional.

Además, consideraban acreditado que, "transcurridos largos años desde que ocurrieron los hechos, la jurisdicción de Guatemala no se ha ejercitado de un modo efectivo en relación con los comportamiento genocidas denunciados".

(SERVIMEDIA)
14 Mayo 2003
VBR