Capilla denunció en el Foro Europeo celebrado este jueves en Bruselas que el Dictamen Motivado de la Comisión Europea que pretende la liberalización del sector "solo beneficia los intereses de las multinacionales" y "pone en riesgo" un "sistema sanitario privado de interés publico".

Capilla aseguró que la liberalización pretende acabar con la regulación interna que, en el caso español, permite el control de precios en beneficio del sistema sanitario, y garantiza con criterios geográficos y demográficos el acceso al medicamento a toda la población.

En España hay una farmacia por cada 2.158 habitantes, uno de los ratios más bajos de todo el mundo. Capilla insistió en que a Bruselas "solo le interesa la libertad de la propiedad" para que entren las cadenas de distribución multinacionales.

CONSUMIDORES

Jose Carlos Cutiño, de la Unión de Consumidores de España, reconoció que las farmacias españolas" no tienen reclamaciones y no son un problema para los ciudadanos", por lo que la "experiencia debería servir de guía" a la hora de implantar el modelo que se demuestre más adecuado en cada caso. Frente al caso español, "que arroja los mayores estándares de calidad", Bruselas pretende "imponer el oligopolio de grandes cadenas de distribución".

Antonio Durán, de Asesores Legales y Tributarios, destacó la importancia de que la cuota de mercado en España esté "en un 80% en manos de farmacéuticos y distribuidores", porque concita los intereses de los actores implicados en el "binomio titularidad de la farmacia-titularidad de la distribución".

EXPERIENCIA EUROPEA

Durante el Foro Europeo se comprobó el rechazo unánime que la pretensión de Bruselas provoca en países que tienen regulado el sistema de farmacia.

El representante italiano, Giaacino NIcolosi, explicó que la "capilaridad" en su país ha permitido la cobertura total a toda la población, al tiempo que "ha favorecido la rentabilidad económica".

El aleman Ekart Bauer recordó que su país "sólo permite ser dueños de farmacia a los farmacéuticos titulados", lo que garantiza la "independencia frente a los intereses" de multinacionales. La farmacia, -dijo- "debe estar orientada a la venta de fármacos y no de otros productos".

El francés Jean Perrot denunció que la liberalización "no conduce a un control de los gastos sanitarios" y puso el acento en el peligro de la "integración vertical", que provocaría que las cadenas de distribución acabaran imponiendo la venta de unos medicamentos sobre otros, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos.

Por su parte, el secretario general de la Agrupación de Farmacéuticos de Europa (PGEU), John Chave, concluyó que "el sistema debe decidirlo cada Estado en función de los intereses de los ciudadanos sin tener en cuenta objetivos solamente económicos".

El modelo español cuenta con el respaldo total de los sectores afectados: oficinas de farmacia, colegios profesionales, distribuidores y consumidores. Igualmente, 14 de las 17 comunidades han expresado por carta su apoyo a la farmacia española contra el dictamen motivado de la Comisión Europea que pretende la homogeneización.