En el informe semestral de las actividades de la institución, al que tuvo acceso Servimedia, Peces-Barba detalla una serie "problemas concretos" que afectan a las víctimas y que ha detectado durante sus primeros seis meses al frente de la institución.

En este informe sobre las actividades emprendidas y de las que mañana dará cuenta en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el Alto Comisionado ve una una serie de disfunciones que parten de la duplicidad del régimen de indemnizaciones al existir dos leyes de las que derivan las mismas.

Es decir, los "problemas concretos" que se detallan en las conclusiones de su estudio parten de los diferentes criterios seguidos a la hora de determinar la condición de víctimas a los que se ven afectados por actos terroristas. Esta "disparidad" se debe a que en algunos casos se determina con una condición penal, mientras que en otros se otorga mediante una resolución administrativa.

"La existencia de esta duplicidad plantea disfuncionalidades conceptuales, de plazos, y de condiciones, entre otras, siendo además difícil de entender por los ciudadanos", según el informe de Peces-Barba, lo que crea dificultades para acogerse a las indemnizaciones y a las ayudas ofertadas por el Estado.

Sobre la cuantía de indemnizaciones, Peces-Barba considera "preocupante y compleja" la situación de las víctimas en el caso de que no exista sentencia condenatoria o extradiciones pendientes.

Además, recoge que "no existe la debida coordinación administrativa entre los órganos de la propia Administración General del Estado", porque, a su juicio, las competencias del Ministerio del Interior, las de Trabajo y Asuntos Sociales, las de Sanidad e incluso las de Economía y Hacienda, se están ejerciendo con base en el principio de inmediatez, pero sin un contexto mínimamente referencial.

Asimismo, critica que apenas "existe coordinación" entre las prestaciones que ofertan las comunidades autónomas y las actuaciones que emprenden las Administraciones locales.

En el último punto de este informe, Peces-Barba indica que "la perspectiva que ahora se abre, a nuestro juicio, obliga a incidir y profundizar en las respuestas generales o particulares que hemos diseñado, pero sobre todo a ordenar, de una forma más sistemática y con pretensión de continuidad, todas las actuaciones a favor de las víctimas del terrorismo a través de lo que sería un proceso de reforma y de reordenación general, fundamentalmente de la vigente Ley de Solidaridad".

Para afrontar esta reforma, el Alto Comisionado está a la espera de que las asociaciones y colectivos de víctimas le remitan sus propuestas para debatirlas en una reunión conjunta antes de elaborar un informe final sobre el nuevo proyecto de Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.