Durante su intervención en el curso "Políticas globales a favor de las víctimas del terrorismo", que se celebra en la Universidad Carlos III, Peces-Barba aseguró que "resulta curioso que cuando elpresidente del Gobierno habló de la solución del conflicto desde el aspecto político -siempre dentro de la legalidad y sin ningún precio político- que unos y otros se olvidaran de esa última parte".

El Alto Comisionado insistió en que la paz no tendrá precio político, sino que se alcanzará "desde la firmeza democrática, el respeto a los principios y a las reglas del Estado de derecho y con la máxima consideración a las víctimas del terrorismo, a su honor, a su dignidad y a su memoria".

Añadió que, ante el proceso que se ha abierto, es imprescindible la unidad de todos y la confianza de las víctimas, que son las primeras que desean el fin del terrorismo.También recalcó que las decisiones sobre el proceso que se ha puesto en marcha "serán tomadas por el gobierno legítimo, desde el parlamento y sin ningún tipo de concesión política".

En cuanto a la Ley de Víctimas, Peces-Barba explicó los principios generales del borrador de la nueva normativa en la que ha trabajado su departamento en el último año para mejorar la asistencia y la protección a los afectados del terrorismo.

Señaló que es "una ley que está presidida por el respeto a la integridad moral y a la dignidad de las personas que han padecido la lacra del terrorismo". Destacó que se trata de "una ley integral, sin límite en el tiempo, cuya función no es meramente reparadora y que construye una red de derechos procesales para fortalecer la protección a las víctimas del terrorismo".

También se refirió a que la labor desarrollada por las instituciones públicas a favor de las víctimas del terrorismo ha hecho que nuestro país sea pionero y uno de los más avanzados en materia de atención a este colectivo.

Asimismo, apuntó que en los últimos dos años el Alto Comisionado ha impulsado decenas de iniciativas generalesy centenares individuales en distintos ámbitos de protección. La orden de alejamiento de los condenados por delitos de terrorismo de su víctimas o de sus familias y la extensión de los beneficios en materia de pensiones extraordinarias a las parejas de hecho son las últimas medidas que se han puesto en marcha a propuesta del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.