Fuentes de la Oficina de Información Diplomática consultadas por Servimedia resaltaron que el Estado español no es parte en este acuerdo ni reconoce la jurisdicción canadiense sobre el buque "Estai", por lo que las posibles medidas a adoptar anunciadas por el ministro Javier Solana contra Canadá siguen su curso y su puesta en ejecución dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos.

Tanto la UE como España mantienen su posición política y jurídica en las mismas condiciones ue antes de la liberación, e insisten en que "ha existido un acto ilegal que debe ser reparado por Canadá", según las mismas fuentes.

Entre las citadas medidas anunciadas por el Gobierno español se encuentran desde la posibilidad de exigir visado a los canadienses que visiten España hasta una ruptura total de relaciones.

La citada fuente indicó que el Gobierno no contempla la posibilidad de resarcir posteriormente al armador por la multa que ha pagado porque, "en principio no reconocemos la jurisicción canadiense".