Fernández dijo que la ampliación del plazo de concesión de autopstas de 50 a 75 años "debe ser examinada con la máxima cautela, teniendo en cuenta que, pasado ese plazo, la red pasa a ser propiedad del Estado, y por tanto no nesetita mantener ningún tipo de peaje".

También dijo que dicha prórroga de 25 años "puede suponer una operación estrictamente especulativa dirigida a beneficiar a los concesionarios de autopistas, en detrimento de los sufridos usuarios".

Asimismo, criticó el elevado coste de los peajes de autopistas en España, en comparación con los de píses del entorno europeo, y dijo que esa situación sólo contribuye a disuadir al usuario de utilizar este servicio, en lugar de incentivarlo.