Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, que reclama aumentar dichas ayudas hasta el 75% del sueldo del trabajador con discapacidad contratado por estos centros (en la actualidad es del 55%).

Según sus promotores, el objetivo es asegurar la viabilidad de los Centros Especiales de empleo, “entidades cuya razón de ser es proporcionar un trabajo productivo y remunerado a trabajadores con discapacidad, a fin de facilitar su integración en el mercado laboral ordinario”.

La normativa establece que la plantilla de estos centros debe contar con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad. La base de su sueldo es el SMI y se estipula mediante la negociación colectiva del sector.

En distintos informes, las entidades dedicadas a la atención de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que gestionan estos centros estiman que sus costes laborales se han incrementado un 36% desde 2019, debido en parte al alza del SMI, que ha pasado de 739,5 a 1.000 euros en este tiempo.

Por eso, aunque consideran estas subidas “adecuadas y positivas”, defienden que vayan acompañadas de un aumento de las subvenciones, A fin de salvaguardar los puestos de trabajo y no comprometer la creación de otros nuevos.