Esto es así debido a que las resoluciones adoptadas por el Supremo y por Garzón no afectan a las ayudas que PCTV y ANV reciben como grupos políticos, así como tampoco a los sueldos individuales que reciben concejales y diputados de estas formaciones abertzales.

Esto supone que ambos partidos seguirán percibiendo unos 6,8 millones de euros anuales, de acuerdo con los datos, consultados por Servimedia, que incluye un estudio realizado por el economista Mikel Buesa, dirigente del partido UPD y responsable de la cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid.

De acuerdo con este estudio, las dos formaciones abertzales, que podrían ser ilegalizadas próximamente, han venido recibiendo dinero público por retribuciones de cargos electos; por asesores municipales; por ayudas a grupos políticos, y por subvenciones electorales.

De todas estas cantidades, las resoluciones adoptadas por el Supremo y Garzón sólo afectan a las subvenciones electorales, ya que son las que reciben directamente ANV y PCTV en su condición de partidos políticos.

En este sentido, el estudio de Buesa refleja que PCTV y ANV logran cada año 2,7 millones de euros en retribución de cargos electos; 2,3 millones para pagar asesores municipales; 1,6 millones para los grupos políticos; y 213.700 euros en concepto de subvenciones electorales.

De estas partidas, las recientes decisiones judiciales sólo afectan a las 213.700 euros por subvenciones electorales, por lo que las formaciones en trámites de ilegalización seguirán percibiendo unos 6,8 millones de euros anuales.