La misiva, firmada por el presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, recuerda que el Consejo de Ministro ya aprobó la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, lo que popularmente se conoce como ley de la Memoria Histórica.

Esta formación política recuerda que "el PCE es uno de los actores en la contienda bélica para defender la República" y que "muchos militantes dejaron sus vidas en esta lucha por la libertad y contra la tiranía fascista que durante cuarenta años se implantó en nuestro país".

"Muchos y muchas sufrieron tormento y encarcelación y otros fueron asesinados por el régimen fascista de Franco. Todos ellos, conjuntamente con muchos más de otras ideologías y afiliaciones sindicales, son el recuerdo y testimonio de las libertades que hoy reclamamos en un estado democrático.

En este sentido, el PCE señala que "justo es, pues, que ese reconocimiento sea integro y a la altura necesaria para honrar su memoria y sus acciones"

Por ello, este partido considera que el Estado democrático ha de condenar el régimen franquista como ilegal, reparar la legalidad republicana y hacer públicos los crímenes cometidos durante ese periodo.

En este sentido, el PCE exige que la ley que apruebe el Parlamento debe garantizar "el fin de la impunidad del régimen anterior; es decir, ha de ser una ley que debe permitir a los jueces marcar la responsabilidad penal, civil, etc. de los responsables del régimen".

Además, debe garantizar "el conocimiento exacto, completo e imparcial de la verdad, así como su divulgación pública, como derecho de todos los ciudadanos, víctimas incluidas, el derecho de un colectivo humano a conocer su historia. Los planes de estudios y los libros de textos han de adecuarse a este extremo".

Finalmente, exige la nulidad de los juicios y sentencias que posibilite la apertura de los casos, la devolución definitiva de patrimonio incautado tras la guerra civil a personas físicas y jurídicas, así como la reparación plena de las víctimas o de su familia inmediata.