Según estas patronales, el real decreto ley va en contra de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al establecer restricciones que aplican unilateralmente al sector VTC y definir al taxi como un servicio de interés público de interés general.

Para las patronales de la VTC, esta definición contradice expresamente la reciente sentencia del TJUE, que establece claramente que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el interés general y que éste no es en ningún caso “la viabilidad económica del sector del taxi”.

Por ello critican que se trata de “una regulación exprés en forma de Real Decreto Ley, negociado con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, sin que se nos haya consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros”.

“Todo ello en plena campaña electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas”, concluyen.