Según estas patronales, el tribunal europeo señala que cualquier restricción al mercado debería estar amparada en una razón imperiosa de interés general, que en ningún caso puede ser la protección de la viabilidad económica del sector del taxi.

Este argumento, en opinión de estas patronales, pone en cuestión gran parte de las restricciones que en los últimos años las autoridades de Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia han impuesto a las VTC.

Por ello, el portavoz de Feneval VTC, Ignacio Manzano, destacó que “esta sentencia no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho español y europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad”.

Por su parte, Jose Manuel Berzal, portavoz de Unauto, sostuvo que, “tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi".