“Ante las medidas que se han venido tomando desde el año 2022, y con mayor intensidad desde la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos, ya en vigor desde el pasado 29 de febrero, respondiendo a las demandas fundadas de este colectivo, las familias empleadoras, que apuestan por regularizar los contratos de las trabajadoras que les proporcionan estos servicios, facilitando el acceso a las prestaciones a las que tienen derecho y permitiendo que estas mejoras laborales puedan serles de aplicación, están comenzando a temer que se pierda de vista su condición de persona particular y que se les exija el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de empleador, como si fueran una empresa, con los medios de los que estas disponen”, manifestó esta patronal en un comunicado.

A su juicio, son pocas las familias que pueden regularizar estos contratos o contratar el número de horas que realmente necesitarían, ya que “a nivel tanto personal como económico, esto está suponiendo un gran esfuerzo, difícil de asumir por la mayoría de la población”.

Ante un sector con uno de los “niveles más altos de economía sumergida y donde el servicio de cuidados que se presta está destinado a ser un pilar fundamental a la hora de reforzar todos aquellos servicios de ayuda en los hogares que requiere nuestra sociedad”, la AESPD destacó que es “sorprendente que no se tenga en cuenta a aquellos que están favoreciendo con su esfuerzo el dar de alta a estas trabajadoras”.

Criticó que esto suceda, precisamente, en un momento en el que la afiliación a la Seguridad Social de empleadas de hogar está en mínimos pese a la elevada demanda que existe en la sociedad actual.

La patronal del sector, que representa tanto a empleadores como a entidades prestadoras de servicios domésticos, pidió que se incentiven las contrataciones. Por un lado, defendió que se mantengan las bonificaciones de la seguridad social y se adopten desgravaciones fiscales de parte de los costes de emplear estos cuidados, así como ayudas a las familias empleadoras a la hora de “poder llevar a cabo de manera sencilla y accesible los trámites necesarios para poder cumplir con los requisitos de contratación que ahora se van a desplegar”, como la prevención de riesgos laborales o el despido.

En este sentido, sostuvo impulsar que empresas prestadoras de servicios en los hogares puedan competir en igualdad de condiciones con similares costes que los que se soportan en la contratación directa, para aliviar la carga administrativa que supone para los particulares comportarse como una empresa en lo que se refiere a llevar todos los temas administrativos y obligaciones contractuales, aportando seguridad tanto a trabajadores que ven sus derechos protegidos por la relación de empleado/empresa, como a los usuarios a los que prestan un gran servicio de ayuda en los trámites de contratación, selección de personal adecuado a sus necesidades, entre otros.

“Es necesario para ambas partes, trabajadoras y familias, dialogar en las mismas condiciones y poder dar voz a todas las partes implicadas, lo que es clave en un contexto donde se avanza cada vez más a mayores derechos como hacia mayores obligaciones contractuales, tanto para familias como para empleadas del sector”, agregó la patronal.