Las compañías tienen divididos sus negocios por imperativo legal, de modo que mientras que la generación de electricidad está plenamente liberalizada la distribución y el transporte están regulados y sujetos a precios intervenidos. El último eslabón, el de la comercialización de la energía, está liberalizado para los clientes que no están acogidos al sistema regulado de tarifa.

Por lo tanto, en la composición del precio de tarifa se tiene en cuenta el precio de generación del kilowatio por hora, que fija el mercado y con el que las eléctricas no sólo no pierden, sino que ganan dinero en una situación de precios altos como la actual.

Donde las compañías no pueden fijar precios es en las actividades de transporte y distribución, que debido al fuerte incremento de la demanda y el desarrollo de nuevos parques eólicos va a requerir unas fuertes inversiones en los próximos años, para las que las eléctricas dicen no tener dinero con las actuales tarifas reguladas.

El Gobierno, consciente del llamado déficit de tarifa, está lanzando mensajes desde la aparición del Libro Blanco del Sistema Eléctrico el pasado verano, encargado por el Ejecutivo, para que los precios de la electricidad incorporen los costes reales, es decir, sean eficientes.

No obstante, las mencionadas fuentes de Unesa aseguraron que las eléctricas no han negociado formalmente "nada" con el Gobierno en relación con una posible subida extra de tarifas para 2006 o años sucesivos.