Simancas manifestó el pasado lunes que si gana los próximos comicios autonómicos en 2007, llevará a cabo una política educativa según la cual retirará el concierto a todos los colegios que reclamen dinero a las familias o quebranten la Constitución, entendiendo que la escolarización de niños y niñas por separado supone una vulneración de la Carta Magna.

En declaraciones a Servimedia, Díaz señaló que la educación separada por sexos es una opción "perfectamente lícita y legal" para aquellos padres que prefieran esta línea educativa, según la Constitución y según un convenio internacional de 1967 promovido por la ONU, el "Convenio para la lucha contra la discrimación en el esfera de la enseñanza".

Según Emilio Díaz, este convenio determina que es legal la existencia de centros masculinos o femeninos, siempre y cuando no se perjudique la escolarización en términos equivalentes de los alumnos del otro sexo.

APORTACIONES VOLUNTARIAS

Además, añadió que ninguna ley educativa (ni la LOCE, ni la LOGSE, ni la LOE, actualmente en trámite parlamentario) ha considerado que la separación por sexos en las aulas suponga ningún tipo de discriminación ni perjudique a la educación de los alumnos.

Por otro lado, Díaz estimó que los conciertos no cubren ni el 50% de los gastos educativos de un centro concertado, por lo que las aportaciones de los padres son "indispensables" para que estos colegios se mantengan en pie.

Insistió en que el proyecto de la LOE reconoce que la colaboración económica de las familias es legal y dijo que "la ley no puede impedir a un ciudadano colaborar con una institución sin ánimo de lucro", siempre que se trate de una aportación voluntaria, no de una imposición.

Por último, Díaz consideró que la medida pregonada por Simancas perjudicaría a más de medio millón de madrileños, entre padres, alumnos y profesores, entre los que también se incluyen ciudadanos vinculados a centros con idearios "cercanos al marco del PSOE".