Fuentes de esta central explicaron hoy a ervimedia que los sindicatos ya cuentan con una ley de devolución de los bienes incautados tras la Guerra Civil, que data de 1986. El valor de la devolución de ese patrimonio, en ese año, era de 19.700 millones de pesetas en el caso de UGT, correspondientes a los 2.856 expedientes de reclamación presentados.

En cambio, el valor de estos mismos bienes a fecha de 1996 ascendía a 48.000 millones de pesetas, después de actualizar el valor de los bienes y de aplicar el pago del tipo de interés legal establcido a lo largo de esa década.

De esta forma, la aplicación de la Ley de 1986 supondría para el sindicato la devolución de 19.700 millones, en vez de los al menos 48.000 millones que recibiría de ser incluidos en la normativa que ha elaborado el Gobierno, que tomaría el valor actual de esos bienes como referencia para la compensación.

Los mismos informantes aclararon que la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT solicitará tanto al presidente del Gobierno, José María Aznar, como al ministro de Trabjo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, una reunión para aclarar este asunto y para que se tenga en cuenta su opinión antes de la aprobación definitiva de la normativa.

UGT hizo público hoy un comunicado en el que exigió igualdad de trato con los partidos políticos en lo que se refiere a la devolución del patrimonio histórico. "El Gobierno podría incurrir en un profundo error si intenta establecer discriminaciones y diferencias en esta materia", advirtió.

Por eso, señaló la conveniencia de ofrecertodos los afectados las mismas facilidades, a fin de agilizar al máximo los trámites de devolución.

Además, añadió que este año presentará 300 nuevos expedientes de reclamación, que se sumarán a los casi 3.000 ya existentes, con lo que se ampliará "sustancialmente" el valor de su petición.

Recordó que, después del primer pago a cuenta que recibió en 1986 por este concepto, aún están pendientes de compensación la mayoría de sus bienes, especialmente las cuentas corrienes y los valores financierosexpoliados tras la guerra. Como resultado de sus peticiones, hasta el momento sólo ha recibido silencio administrativo.

El sindicato constató que el proceso de devolución del patrimonio incautado supone una decisión de gran trascendencia democrática. Así, una aplicación igualitaria de la ley "restañará una profunda herida producida por una de las páginas más negras de la historia moderna de nuestro país".