En una entrevista publicada por "Abc", que recoge Servimedia, Cabanillas resalta, acerca de la reacción del Gobierno ante l carta de los prelados vascos que incluía consideraciones críticas contra la Ley de Partidos, "pocas veces ha sido tan claro, tan rápido y tan rotundo un Gobierno sobre una cuestión de semejante trascendencia".

"Aquí lo importante es definir el origen de esta polémica: es la pastoral de los obispos de las diócesis vascas, con una serie de juicios políticos y, en concreto, su oposición a la ilegalización de Batasuna", explicó.

Añadió que "a partir de ahí, y unido a una lamentable carta de una seri de sacerdotes del País Vasco, el Gobierno hizo un comunicado muy claro, y nuestra postura sigue siendo la misma. Además, se convocó al nuncio, una decisión necesaria pero sin precedentes, para trasladarle la firme postura del Gobierno".

"Es importante resaltar que mantenemos esa postura con el refrendo que supone la votación favorable en un 95 por ciento de la ley de Partidos en el Congreso", prosiguió. "No buscamos un conflicto con la Iglesia y esperamos que tampoco la Iglesia lo quiera tener con elGobierno, pero sí es importante que, con todos los respetos, la Iglesia no centre la cuestión en sus relaciones con el Gobierno, sino en su respuesta a los ciudadanos, que quieren mayoritariamente la ilegalización de Batasuna".

Insistió en que "ante una pastoral de esas características la firmeza de la respuesta que hemos tenido ha sido la reacción adecuada y ante la declaración de la Conferencia Episcopal, subrayar que tomamos nota de todos y cada uno de los puntos de la misma", es decir, que "se anaiza todos sus términos el comunicado de la Conferencia Episcopal, que tiene que ser y será tenido en cuenta por el Gobierno".

MANTENER LA REFORMA DEL PARO

Por otro lado, el portavoz del Gobierno se refirió a la huelga general, respecto a lo que indicó que el Ejecutivo mantendrá la reforma del desempleo que ha provocado esta convocatoria, pues "genera empleo y beneficia a todos".

Recalcó que los principios de diálogo con los que se han logrado "trece pactos sociales", se han planteado también paa una reforma del desempleo que "aumenta las prestaciones, que genera empleo y frente a la que se han levantado los sindicatos sin razón alguna, sin propuesta alguna, y como desde sus mismas filas se ha dicho, con el único ánimo de ir contra el Gobierno, y no de ir en defensa de los trabajadores".

"Lo que podría preguntarse Zapatero a sí mismo es por qué consideraba injustificadas las huelgas anteriores, en particular las de 1988 y 1992, cuando las originaron las medidas de recorte de prestaciones másfuertes que se han tomado en el mundo laboral en los últimos años", agregó, por lo que concluyó que se trata de "una huelga política, ¿o acaso no le ha pedido UGT a Zapatero que rentabilice esta huelga?".

En cuanto a la posible ruptura del diálogo social, apuntó que, por parte del Gobierno, "no se ha roto en ningún momento, lo único que ocurre es que se ha iniciado un periodo de amenazas constantes por parte de los sindicatos que refleja su carencia de razones para justificar la huelga y su carencia d voluntad de aportar sugerencias a las reformas en marcha".

"El Gobierno sabe que ante una huelga injustificada el descrédito es para los sindicatos y espero sinceramente que no dañe la imagen de Sevilla. Sevilla no se merece esta huelga. La convocatoria en una fecha como la que se ha elegido inevitablemente busca el daño, y ese no es un daño al Gobierno, sino a los españoles", argumentó.

En este sentido, recordó que "el Consejo de Barcelona fue un éxito para Europa, España y Barcelona, y queremo que también Sevilla sea un referente para Europa. Ese éxito, por el contenido, los trabajos y la importancia de Sevilla, estaba garantizado sin la huelga. Por lo tanto sí existe un riesgo muy serio de imagen de cara al exterior".