Sala, que clausuró el curso sobre "La reforma de la justicia de la Universidad de Verano de El Escorial, agregó que las decisiones que sobre la justicia deben adoptar los otros poderes del Estado y, en especial por quienes tienen tienen la potestad de legislar, "han de caracterizarse, dentro del marco constitucional, por el consenso y el acuerdo y nunca por la incomprensión y el enfrentamiento".

Recordó que los órganos del poder judicial no actúan en función de criterios de oportunidad, sino sometidos a la Constitución y a la ley, por lo que, en su opinión, auque sus decisiones puedan ser siempre interpretadas en clave política y tengan una connotación política, "están al margen de la confrontación partidista".

Para el presidente del máximo órgano de Gobierno de los jueces, es "imprescindible" el consenso en materia de justicia, desterrando la idea de que el acuerdo es manifestación de falta de fortaleza, sino que lo es de "sabiduría política y signo de responsabilidad".

Sala también se refirió a la situación actual de la Justicia y reconoció que el sstema jurídico padece de "insuficiencias notorias y de disfunciones preocupantes" y que, desde diferentes perspectivas, se pone en cuestión su capacidad para resolver jurídicamente los conflictos y para proteger los derechos y los intereses de las personas.

A su juicio, los desajustes que padece el funcionamiento de la justicia, entre los que destacó fundamentalmente el retraso, proceden de "la obsolescencia de nuestro sistema procesal y, en relación con él, de la ineficiencia de la oficina judicial"de la administración de justicia, en general. ESTADO DE MALESTAR

Indicó que esas dificultades provienen también en parte de los nuevos fenómenos sociales y de la incapacidad del sistema político y del jurídico para absorberlos y canalizarlos en su totalidad. Uno y otros factores conducen, según Sala, a la crisis del Estado en su conjunto, "al que ya, en lugar de Estado de bienestar se le llama Estado de malestar", aseguró.

A pesar de ello, el presidente del CGPJ dijo que no se puede hablar de un situación de caos y señaló que favorece una consideración negativa del actual estado de cosas, "la comparación con modelos y arquetipos ideales de dudosa vigencia en el pasado y de absoluta inadecuación para el presente", entre los que citó "las visiones idílicas del Estado del primer constitucionalismmo".

Respecto a la crisis de la justicia, aseguró que se debe a que, desde el punto de vista instrumental, "está a punto de entrar en el siglo XXI con medios del siglo XIX", como sucede con muchas de la normas que regulan el proceso y con los aparatos administrativos de apoyo de los que dispone que, en su opinión, no han terminado todavía de ajustarse a las exigencias de funcionalidad y eficacia que deben caracterizar a la administración de justicia de hoy.

Agregó que ello es consecuencia, en parte, de que en otras épocas no se le prestó a la justicia la atención que merecía ni se la dotó de los medios que necesitaba, ya que no había demasiado interés en su eficacia. En su opinión, es significativo e estas pautas culturales las dificultades habidas recientemente para implantar un "horario racional" en los juzgados.

Finalmente, tras indicar que esos desajustes también proceden de las dificultades para integrar en el sistema las nuevas maniestaciones sociales, señaló que "no son necesarias grandes inversiones económicas en la Justicia para situarla plenamente a la altura de los tiempos".