En una entreista que publica el diario "La Vanguardia", Sala, que rehusa pronunciarse sobre la competencia del Supremo en este caso, defiende la labor de la Sala Segunda del Supremo diciendo que cuestionar su independencia e imparcialidad porque no gusten sus resoluciones "es casi, casi delictivo", y agrega que desacreditar la institución de la justicia "porque sí, porque existe libertad de expresión, es contraproducente y muy negativo".

El presidente del CGPJ opina que los partidos políticos deberían tener mecansmos de autocontrol para hacer efectivas las responsabilidades políticas, ya que, a su juicio, no corresponde exigirlas a los jueces, a quienes "no les gusta la popularidad extrajudicial que puedan adquirir por el protagonismo político que tienen algunos asuntos de los que conocen".

Tras afirmar que los "jueces estrella" no gustan en la carrera, añade que los magistrados "sentimos una especial aversión por la posibilidad de que se utilice políticamente la resonancia que tiene el proceso penal". A su jicio, son escasísimos los que pueden sentirse tentados por la popularidad.

En su opinión, los jueces tienen un poder muy intenso, por lo que la discreción y la prudencia, requisitos a su juicio necesarios para la justicia, no son sinónimo de debilidad, sino de autocontrol.

CORRUPCION

Sala rechaza las afirmaciones de que en España existe un clima generalizado de corrupción y expresa su preocupación porque se asegure eso, ya que "es muy fácil destruir la confianza de los ciudadanos en las instituiones democráticas, pero reconstruirla puede llevar décadas".

Lo que ocurre en España, agrega, es que todos los casos de corrupción han sido o son objeto de conocimiento por los tribunales, debido a que la acción penal puede ser ejercida por cualquier ciudadano.

Esta permisividad implica el riesgo de que existan "querellantes profesionales", según Sala, quien cree que para remediarlo sería necesario que los denunciantes tengan que aportar indicios razonables de delito, con el fin de evitar la posblidad de que se intente extraer rentabilidad política de los procesos penales.

Respecto al control sobre los jueces, el presidente del Tribunal Supremo opina que el más importante es el que se realiza a través de los recursos y aboga por un aumento de las competencias disciplinarias del CGPJ.

En otro momento de la entrevista, Sala se muestra contrario a que se jaleen las actuaciones judiciales (como ocurrió con los registros efectuados por Barbero en la sede del PSOE) dependiendo de a quién perjdican o benefician, ya que es "una barbaridad". "Las personas o entidades que tienen relevancia política o social no deberían actuar de este modo, jaleando o censurando a los jueces según cómo sus actuaciones les afecten", asevera.

Asimismo, dice que ningún juez puede afirmar que se siente "obstruido" en sus funciones por los recursos que le planteen los abogados -tal como aseguró Marino Barbero-, ya que los recursos, que no deben emplearse temerariamente, son la garantía de que no hay por parte del jez un poder incontrolado o incontrolable.

Preguntado sobre el proceso de la presa de Tous, afirma que es preocupante que después de once años no haya concluido y añade que quizá deberían existir mecanismos distintos de los judiciales para hacer efectiva la responsabilidad de la Administración por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios.

Por otra parte, cree que no deben ser suprimidos los permisos penitenciarios, como se reclamó tras el triple crimen de Alcásser, aunque reconoce que hy que potenciar al máximo los controles en la investigación de la personalidad de determinados delincuentes.

Respecto a la "Ley Corcuera", afirma que no es anticonstitucional el artículo que permite a la policía entrar sin mandamiento judicial en caso de delito flagrante y defiende que el delito de difamación que el PSOE pretendió introducir en el Código Penal diciendo que "sobre el papel, la libertad de expresión no perdería cota con este precepto".

Finalmente, considera que la política de reinsrción de los terroristas "es legal, es lícita y legítima y además es eficaz para acabar con el terrorismo, que es lo que debe constituir la finalidad última".