Como en la sesión del año pasado, en la que Felipe González anunció po sorpresa un bloque de medidas para combatir la corrupción, todo apunta a que esta cuestión se convertirá de nuevo en el eje central del principal debate parlamentario del año.

Varios departamentos gubernamentales trabajan desde hace semanas por encargo de Felipe González en la confección de un conjunto de medidas, entre las que destaca la que obligará a todos los cargos electos de las administraciones central, autónoma y local a hacer declaración pública de bienes.

Además, el Gobierno estudia laampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas, el endurecimiento de las sanciones y la creación de un registro público de contrataciones de las administraciones central y autonómica.

Según han revelado fuentes gubernamentales, Felipe González también podría presentar el día 20 en el Congreso un plan de modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

En este plan podría contemplarse la consideración de utilidad social a las donaciones de empresas y particulares a los partido políticos, así como conceder beneficios fiscales a los donantes.

En este marco se baraja la posibilidad de elevar el tope máximo que fija actualmente la ley para las aportaciones económicas que una misma persona o empresa privada puede realizar a un partido político. Ese tope es hoy de 10 millones de pesetas al año.

CODIGO ETICO

El Partido Popular presentará en los próximos días a los medios de comunicación el "código ético" que encargó José María Aznar hace varias semanas al senador Alberto Riz-Gallardón y al vicepresidente segundo del Congreso, Federico Trillo.

Según el borrador de este reglamento interno, se prohibirá a todos los dirigentes y cargos públicos tener participaciones en empresas que suscriban contratos con las Administraciones públicas.

El código recoge la obligatoriedad para todos los dirigentes y cargos públicos de hacer una declaración de sus bienes, actividades y patrimonio, que será público y podrá ser consultado por todos los ciudadanos que lo deseen.

Este cdigo, que José María Aznar presentará a grandes rasgos en el debate de la Nación, propondrá también que los diputados, senadores, concejales y miembros de diputaciones y parlamentos regionales no puedan presentar iniciativas o preguntas relacionadas con las actividades privadas que puedan desempeñar los citados cargos públicos.

CUMPLIR LA LEY

Como argumento para minimizar la "importancia" de las medidas anti-corrupción que presentará González, el coordinador general de IU, Julio Anguita, recomendaráal presidente que "lo primero que tienen que hacer los socialistas es cumplir la ley y hacerla cumplir".

Anguita, según adelantó un portavoz de IU, denunciará los incumplimientos de la legislación sobre financiación de los partidos y la ley de contratos de las Administraciones Públicas, "que a la vista de los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, la propia Administración incumple".

En cuanto a la propuesta de González de que cada cargo público haga una declaración de bienes y explique u patrimonio, la respuesta de la formación que lidera Julio Anguita será: "Eso en IU ya lo practicamos". La coalición que lidera Anguita consideraría muy positivo que esa propuesta se elevase a rango de ley.

Anguita expondrá en ese debate parlamentario que en el seno de IU se aplica desde hace tiempo el estatuto del cargo público (código ético interno), "por lo que si el presidente del Gobierno desea aplicarlo a todos, adelante".

IU intentará que el debate del estado de la nación no trate exclusiamente de la corrupción, sino que aborde también cuestiones como la economía y el empleo, porque "un debate centrado exclusivamente en la corrupción puede perjudicar al sistema, además de al PSOE, y beneficiar sólo al PP", afirman los interlocutores consultados.

Por su parte, el presidente del CDS, Rafael Calvo Ortega, manifestó a Servimedia que su partido agrupará en una proposición de ley anticorrupción todas sus propuestas en esta materia (modificación de la ley de contratos del Estado, creación dela agencia estatal del gasto público, reducción de los gastos electorales y la limitación del poder de los partidos en la elección de los miembros de las grandes instituciones jurídicas). Calvo Ortega considera que "son más eficaces las leyes que los códigos éticos internos de los partidos".

El debate del estado de la Nación del año pasado, celebrado los días 25 y 26 de marzo, giró en gran medida en torno a la corrupción y las medidas necesarias para regenerar la vida pública.

González sorprendióa todos los presentes defendiendo tres medidas principales de acción: primera, privar de fondos públicos a las empresas que hayan participado en algún hecho irregular -siempre que esté probado por los tribunales-, reducción drástica de los gastos electorales y modificación de la ley de financiación de los partidos.

El presidente acudirá al hemiciclo el día 20 con las dos primeras iniciativas prácticamente aprobadas. La modificación de la ley de financiación de los partidos ha sido objeto de friccionesen el seno del PSOE y del Gobierno y hasta ahora los responsables socialistas no han logrado una fórmula que agrade a todas las corrientes del partido.

Durante el debate de la Nación del año pasado, el presidente del Gobierno dijo que España no tenía en ese momento un problema de corrupción, "sino de opinión pública, a causa de algunos, que quieren convertir este tema en arma arrojadiza e instrumento de propaganda".

González se mostró partidario de expulsar de la vida pública a los corruptos y a uienes formulan "acusaciones falsas e infundadas".

Aznar le respondió con frases como ésta: "Los socialistas han hecho de la ocupación de las instituciones una estrategia implacable, que ha modificado las reglas del juego y ha destruido el estilo limpiamente competitivo de la transición con el único objetivo de permanecer en el poder".