De hecho, los grupos parlamentarios ya han logrado un acuerdo para que la futura ley de autonomía personal, que cubrirá las situaciones de personas con dependencia, sea universal (de acceso para todos) y tenga una base de cobertura que sea igual para todas las comunidades autónomas, idea en la que coinciden además los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y la patronal CEOE.

El problema radica ahora en la financiación del modelo de cobertura que los expertos sitúan en unos 6.000 millones de euros anuales, si bien ahora ya se destinan unos 2.500 a este capítulo.

Además, el problema principal está en el arranque y parece que ya existe un principio de acuerdo que, además, supondría encajar el nuevo pilar del estado de Bienestar bajo el ámbito "prestigioso" de la Seguridad Social, según explicaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

Se trataría de que la nueva prestación naciera con el impulso del superávit que ahora tiene la Seguridad Social, sin tocar el fondo de reserva y sin la necesidad de incrementar las cotizaciones sociales, a lo que se oponen CCOO y los empresarios.

A partir del arranque del modelo, que generaría "importantes" retornos económicos vía generación de riqueza y empleo, el modelo debería financiarse vía impuestos de las tres administraciones (estatal, autónomica y local) y mediante el copago por parte de los usuarios, siempre de acuerdo con sus niveles de rentas, patrimonios y seguros con especiales condiciones fiscales.

Otra de las cuestiones para las que existe acuerdo es que el modelo, si bien tendrá la consideración de público, intentará movilizar al máximo la iniciativa privada, pero controlada directamente por las administraciones implicadas.

Se trata, en resumen, de un sistema universal, de carácter público, igual en todas las comunidades, con el mismo criterio de consideración de la dependencia en toda España, con copago por parte de los usuarios, que apueste por el servicio y que involucre a la iniciativa privada.

Con todo, si el modelo se pone en marcha de forma inicial en 2007, la intención de los agentes implicados es que en un máximo de 10 años pueda facilitar la cobertura de dependencia al millón de españoles que sufren este problema, comenzando por atender las situaciones más extremas.