La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas celebrada en septiembre pasado abrió "una fase crucial" del proceso de reforma de la organización, según indican los grupos en su exposición de motivos.

Estos cambios afectarán especialmente a la estructura y funcionamiento de sus instituciones. En esta fase se pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para asegurar la aplicación de los compromisos de la cumbre.

La proposición pide la "pronta operatividad de la Comisión de Consolidación de la Paz", la elección de su Comité de Organización, el establecimiento de una Oficina de Apoyo y la puesta en marcha de un "fondo de contribuciones voluntarias para la consolidación de la paz", al que España debería aportar "una contribución financiera sustancial".

Asimismo, piden al Ejecutivo que aliente la creación de un Consejo de Derechos Humanos que "permita una actuación más decidida y eficaz de la comunidad internacional en la promoción y protección de los derechos humanos". Abogan, además, por reforzar la capacidad de actuación de este organismo en momentos críticos.

Se pretende también reforzar la capacidad de la comunidad internacional para luchar eficazmente contra el terrorismo y establecer un fondo de asistencia y protección a las víctimas.

Los grupos parlamentarios piden al Gobierno que impulse los mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la comunidad internacional en materia de desarrollo y protección del medio ambiente.

Finalmente, la proposición no de ley exige al Ejecutivo que impulse acuerdos o negociaciones en materia de desarme y no proliferación y que avance en la reforma del Consejo de Seguridad para hacer de él un órgano eficaz, representativo, democrático y transparente, que dé solución y regule el derecho de veto de sus miembros permanentes.