La Ley de Financiación de Partidos Políticos limita las donaciones anónimas de personas físicas o jurídicas a un máximo de 60.100 euros, pero el Tribunal de Cuentas reconoce la imposibilidad de comprobar si algún donante supera esa cantidad.

La realidades que, según el informe de fiscalización del ejercicio del 2001, los partidos han llegado a recibir varios millones de euros a través de estas donaciones opacas.

Sin embargo, y pese a que los partidos reconocen el impacto negativo que estas informaciones pueden tener en la opinión pública, ni el PP ni el PSOE se plantean en estos momentos una reforma de la Ley de Financiación, según han explicado a Servimedia fuentes de ambas formaciones.

Desde el PP explican escuetamente que esta iniciativa no stá sobre la mesa para lo que queda de legislatura, ni se ha planteado como prioridad para la próxima.

Los socialistas insisten en la necesidad de acometer esta reforma, pero culpan a los populares del abandono de los trabajos durante la pasada legislatura y creen que el intento con mayoría absoluta habría sido "inútil", por lo que han dejado esta reforma aparcada hasta un momento más idoneo.

Los contactos formales no se han reanudado desde que quedaron estancados, durante la legislatura anterior Las conversaciones se iniciaron con un convencimiento de todos los partidos de la necesidad de reformar la legislación que regula su financiación.

Todos se mostraron de acuerdo también en que la reforma no saliera del Consejo de Ministros, sino del Parlamento, en forma de proposición de ley firmada por todos los partidos, y así se intentó hacer.

Se llegó incluso a redactar un informe de ponencia, pero que no contó con unanimidad. Fue suscrito por la mayoría parlamentaria, es decir, PP y sos socis (CiU, PNV y Coalición Canaria), con enmiendas de PSOE e Izquierda Unida.

La Comisión Constitucional, encargada de aprobar el informe de la ponencia, nunca fue convocada para ello, y ahí se quedaron los trabajos, sin haber sido recuperados hasta el momento.

PP y PSOE se responsabilizaron mutuamente del estancamiento de la ponencia. Los primeros acusaron a los socialistas de entorpecer los trabajos para desgastar políticamente al PP, sustentado en el Parlamento por CiU, PNV y Coalición Canaria. Los socialistas, junto a Izquierda Unida, denunciaron la negativa del PP a garantizar la total transparencia de la financiación, incluida la contabilidad de las donaciones individuales.

La clave era si las donaciones procedentes de personas jurídicas debían ser también transparentes o se podía mantener la opacidad, y ese escollo nunca se salvó.

Los socialistas siguen manteniendo estos días que el PP no estuvo interesado en garantizar esa transparencia porque las donaciones "anónimas" beneficia a todos los partidos pero mucho más a los "conservadores".

En lo único en lo que sigue existiendo acuerdo es en la necesidad de que esta reforma salga del Congreso de los Diputados, en forma de proposición de ley consensuada por todos los partidos.