No se ha tenido en cuenta la petición fundamental del Consejo de Estado, compartida por diversos sectores de la judicatura: eliminar la retroactividad de la ley en su disposición transitoria porque la seguridad jurídica es una de las bases del Estado de Derecho.

Tras recibir ayer ese dictamen, y el del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) días atrás, el Gobierno ha optado por incorporar al texto las recomendaciones compartidas por ambos organismos. Y la retroactividad, además de no haber sido cuestionada por el Poder Judicial, es considerada por el Gobierno "importantísima para la eficacia de la norma", según ha dicho el ministro de Justicia, Angel Acebes.

En general, las modificaciones son matices dirigidos a evitar la condena de ideas y a reforzar el control judicial del trámite. Por ejemplo, en el artículo 8.2se recalca dos veces en cuatro líneas que un partido es perseguible sólo cuando "su actividad" busque deteriorar o destruir el régimen de libertades; en este mismo sentido, se elimina del artículo 8.3 b) la expresión "fomentar (...) la confrontación social" como causa de ilegalidad, porque podría afectar al desarrollo de derechos como el de huelga o manifestación.

Incluso del artículo 8.3 c) se retira la expresión "...obtener beneficio político de la actuación de la red terrorista", para eliminar cualuier duda de que simplemente se quere reforzar la democracia y no ventajas partidistas de la exclusión de un competidor electoral.

Se añade en el 2.2 que los rehabilitados judicialmente sí podrán constituir un partido; y en el 5.1 se elimina "la denominación" del partido como causa de denegación de la inscripción, con el fin de que los funcionarios del registro de Asociaciones Políticas del Ministerio del Interior no puedan intervenir subjetivamente en una actividad reglada.

Por último, se retiraa ese ministerio la facultad que le confería el anteproyecto de ley (11.3) para, en trámite de ejecución de sentencia, avisar al tribunal sobre un posible fraude de ley al intentar camuflar el mismo proyecto con otras siglas. Sólo podrá hacerlo el Ministerio Fiscal.

Lo sustancial de la norma queda igual: la Sala Especial del Tribunal Supremo (compuesta por quince miembros, los presidentes de las cinco salas y los magistrados más antiguo y más nuevo de las mismas) será la única competente; podrán insta la ilegalización el Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Ministerio Fiscal, y será valorada la trayectoria de la formación sometida a examen.

OBJETIVO CLARO: CONTRA BATASUNA

Sobre este último punto, la retroactividad de la norma, ha girado buena parte de las explicaciones que ha ofrecido Angel Acebes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A su juicio, Batasuna ya se ha encargado de demostrar lo necesario de ese mecanismo con su cambio de nombre de los grupos parlamentaros en el País Vasco y en Navarra.

Ya se ha visto, dijo, su intento de "utilizar la democracia" convocando manifestaciones contra la ilegalización o con esa maniobra de los nombres. Y ante eso, al Gobierno le parecería "un error" eliminar esa disposición transitoria.

Es "de sentido común y absolutamente claro", prosiguió, que al partido y al grupo parlamentario que sostiene al diputado Jon Salaberría, que esta semana justificó desde la tribuna a ETA, le debe ser aplicada esta ley y para eso hay qu juzgar la trayectoria del grupo de estos 25 años. El titular de Justicia ha recordado que, si bien el Consejo de Estado pide que se modifique esa retroactividad, ve "absolutamente constitucional" el proyecto.

Angel Acebes sí ha advertido que el Gobierno está abierto a que sean más de 50 parlamentarios los que firmen la iniciativa de ilegalización, como pide el PSOE. Pero lo importante, alertó una vez más a los socialistas, es "no perder de vista el objetivo" de la ilegalización, creando un debate en orno a los requisitos.

El ministro se ha mostrado convencido de que la norma va a ser apoyada, después del trámite de enmiendas, por "una gran mayoría parlamentaria" que responda al "gran consenso social" que ha suscitado el anuncio de la ley.

El PP aceptará esa y otras enmiendas que no conviertan el texto "en un gran envoltorio" sin contenido porque el objetivo es claro: "lo podemos llamar como sea", advirtió, pero en España el único partico que apoya la violencia y la democracia tiene derecho adefenderse con una ley que inhabilite a esa formación.

"No se puede decir que se estrá a favor de ilegalizar Batasuna y luego recortar el instrumento (la ley) de tal forma que lo haga imposible. No vamos a recortarlo en ningún momento para que sea imposible el fin del proyecto", insistió.