Esta es una de las novedades más significativas de la reforma de la ley electoral de esta comunidad, que sólo fue consensuada por las agrupaciones políticas en el apartado relativo a las subvenciones.

Los partidos políticos podrán gastar en campaña un máximo de 162 millones de pesetas, sin contar las ayudas por elector, según la ley probada.

Por otra parte, el Grupo Popular impuso de manera unilateral la elevación del porcentaje mínimo de votos para contar con representación parlamentaria del 3 al 5 por ciento y forzó la inelegibilidad al Parlamento de alcaldes y presidentes de diputaciones, que hasta ahora eran únicamente incompatibles.

El escaso acuerdo con los grupos de oposición hizo que el líder del PSOE gallego, Antolín Sánchez Presedo, acusara a Manuel Fraga de implantar en Galicia su "espíritu de caballo de Atila, emeñado en romper los acuerdos que encuentra" a su paso.

El portavoz del PP y de la Xunta, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, defendió la inelegibilidad de los alcaldes para que los electores no se sientan engañados por cargos locales que encabecen listas autonómicas con la intención de renunciar a su escaño.