Ese texto insta al Gobierno a incrementar el número de policías dedicados exclusivamente a la violencia de género, especialmente formados para estas tareas y en comunicación directa, permanente y personalizada con las víctimas reales o potenciales.

También exhorta al Ejecutivo a intensificar la creación de Juzgados de Violencia de Género en coordinación con las comunidades autónomas en función de las necesidades que se vayan detectando.

Solicitan también que se refuercen los programas de formación necesarios para desarrollar adecuadamente los objetivos de la ley integral de protección a las víctimas, en lo referente al personal al servicio de la administración de Justicia.

"UNA LACRA"

Otro de los puntos del texto emplaza al Gobierno a garantizar la debida coordinación entre esos juzgados especializados y los cuerpos de seguridad competentes, para poder realizar el seguimiento de las órdenes de alejamiento y las medidas de protección a las mujeres.

Finalmente, la iniciativa pide que se potencien los informes de las unidades forenses sobre valoración de riesgos, integrando la opinión de psicólogos y asistentes sociales y garantizando los recursos necesarios.

Además de esa proposición no de ley, los grupos consensuaron una declaración institucional que pretenden leer tras la votación y en la que el Congreso reitera su compromiso de lucha contra la violencia de género.

El Congreso recuerda a las víctimas y a sus familias y condena "una de las peores lacras de nuestra sociedad", en cuya erradicación, subraya, deben implicarse todos los ciudadanos.

Los firmantes expresan su reconocimiento a los ciudadanos, asociaciones, profesionales, instituciones y administraciones "por su lucha continua por devolver la dignidad a las mujeres que, por el mero hecho de serlo, sufren la mayor discriminación que la mitad de la raza humana ha padecido en su historia".