Los acusados son Agustín Ortega y Antonio Valdivieso, antiguos gerentes del SAS, y Francisco Blanco y Pedro San José, que ocuparon también altos cargos en este organismo autónomo.

Esta denuncia considera a los cuatro ex directivos culpables de varias irregularidades en la concesión de contratos de la sanidad andaluza.

Apuntó entre elas la recalificación de un hospital privado de San Rafael de Cádiz, para incrementar las percepciones que recibía por la desviación de enfermos procedentes de la Seguridad Social.

El abogado del PA sostiene que en el fondo de todas estas irregularidades subyace una presunta financiación ilegal del PSOE.

Manuel Fernández dijo que "estas anomalías se producen porque muchos de ellos llevan unas comisiones cuyo 10 por ciento iba a la financiación del PSOE, y ahí está el tema central de toda esta hisoria".