La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) celebró el pasado jueves una asamblea que estuvo caracterizada por un fuerte malestar contra los dirigentes de la organización que, tras haber convocado un paro el 25 de mayo, lo desconvocaron dos horas antes de su comienzo con el compromiso de los ministerios de Economía y deIndustria de mediar entre el colectivo y Repsol, sin que hasta la fecha la compañía haya aceptado negociar.

Además, pese a que el Tribunal de Defensa de la Competencia dió el pasado mes de abril un plazo de dos meses a la petrolera para dar libertad de fijación de precios a las estaciones que tienen contratos de suministro en exclusiva con ella y no son de su propiedad, bajo sanción de 3.000 euros diarios, Repsol YPF ha reiterado ante el Servicio de Defensa de la Competencia que ya ha cumplido con las exigencias del Tribunal y a los gasolineros les sigue tratando igual que siempre, según aseguró a Servimedia el presidente de la Ceees, Juan Prats. De todos modos, la cuantía de la multa dista de ser disuasoria, porque representa cerca de un euro al día por cada gasolinera que vende los productos de Repsol YPF en España.

Repsol YPF contaba al final de 2005 con una red de 3.618 puntos de venta en España, gestionando directamente 927 estaciones de servicio (32 de ellas a través de la sociedad Gespevesa, participada al 50% entre Repsol YPF y El Corte Inglés), de un total de 2.859 con vínculo fuerte, siendo el resto abanderados, propiedad de terceros, según la Memoria de la compañía hispano-argentina.

En caso de que alguna estación de servicio se salte los precios máximos que habitualmente marca la petrolera por mensaje de teléfono móvil (al alza, porque si no sería a costa de recortar el margen de la gasolinera), Hacienda recaudará menos de lo que le corresponde, porque Repsol YPF liquida al fisco (Impuesto Especial, Impuesto de Venta Minorista e IVA) en nombre del gasolinero según los litros que le suministra y al precio final que fija la compañía.

Este sistema es muy cómodo para Hacienda y los gasolineros, pero en la práctica es incompatible con la libre fijación de precios por parte de las estaciones de servicio, por lo que la Administración, Repsol YPF y los gasolineros están obligados a cambiarlo.