Según el informe jurídico encargado por la Mesa, la Cámara vasca no tiene capacidad para legislar acerca de una materia sobre la que no es competente,dado que la autorización para la celebración de consultas por vía de referéndum es competencia exclusiva del Estado.

Aunque la proposición de Reyero deja constancia de que es una "consulta popular" sobre un referéndum, la Mesa entiende que, en realidad, lo que se propone es un referéndum consultivo, puesto que no tiene otro encaje conceptual desde el punto de vista jurídico.

El término "consulta popular" hace referencia a los procesos que puedan celebrarse por los ayuntamientos para asuntos de copetencia municipal, lo que no es el caso objeto de la propuesta.

En previsión de que la proposición de ley no fuera admitida, sus impulsores anunciaron su intención de volver a presentarla como proposición no de ley, que tendría más posibilidades de prosperar y obligaría al resto de las fuerzas políticas a pronunciarse sobre ella.